Luego de que la Corte Suprema adelantara su pedido de fondos para el Presupuesto del año 2022, tal como lo adelantó Ámbito hace más de una semana, fue el turno del Consejo de la Magistratura que tiene a su cargo la administración de todo el Poder Judicial tanto en el fuero nacional como en el federal de todo el país. La Comisión de Administración y Financiera -en reunión virtual vía Zoom- aprobó el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial de la Nación para el ejercicio 2022 por la suma de $136.011.604.233.
En su relevamiento y justificativo para el anteproyecto, los consejeros explicaron que el presupuesto “responde evaluación pormenorizada necesidades del Poder Judicial a partir de los requerimientos de las direcciones y los distintos tribunales del país”, a los fines de “asegurar el normal desenvolvimiento de la función judicial”.
Como para cada ejercicio, el proyecto tiene en cuenta los gastos de personal, bienes de consumo, suministro, no personales y de uso. En este último rubro se prevé continuar con la actualización y renovación tecnológica con la “incorporación e incremento de equipamiento informático, software y servicio de monitoreo para seguridad en los edificios” judiciales. Hace pocas semanas hubo un encuentro para evaluar la respuesta del siempre desactualizado Lex100, cuya prueba de fuego fue la Pandemia y tuvo varias fallas sumadas a las habituales.
En materia de infraestructura -según destacó Diario Judicial- se estipuló la ejecución de un plan trienal de obras distribuido en todo el país, donde se priorizaron los proyectos sobre edificios en estado crítico y la programación de obras de construcción, conservación y adecuación de edificios. Se destacan las obras en el edificio de calle Uruguay 722 y la puesta en valor inmueble del Juzgado Federal 1 de la ciudad de La Plata. También se proyecta la construcción edificio en la ciudad de Santa Rosa -como sede del Tribunal Oral Federal- y un edificio para los Juzgados Federales 1 y 2 situados en la ciudad de Neuquén.
Desde la Comisión señalaron que el presupuesto “no se excede tanto de los techos presupuestarios” comunicados por el Ejecutivo. El proyecto será tratado este jueves por el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación y luego será enviado a la Corte, que, junto al suyo, lo remitirá al Ejecutivo para incorporarlos al Nacional, a la espera de la aprobación del Congreso.
Este último punto de respeto a los techos que fijó el Ministerio de Economía es un contrapunto con la Corte, que como informó este diario, fue señalado en una Acordada firmado por los cinco ministros que las necesidades operativas del máximo Tribunal obligarían a no respetarlos. Precisará $31.624 millones para garantizar su “autarquía financiera”. Esto incluye unos $6 mil millones destinados a la Dajudeco, que se financia con recursos del Tesoro Nacional. La Corte diferenció bien los $25 mil millones que requiere para sí misma y su plan de inversión de los que corresponden a la estructura que el Ejecutivo, en los comienzos de la era Macri, puso bajo su órbita para las investigaciones judiciales y escuchas telefónicas.
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