Néstor Kirchner les explicó ayer a los altos mandos -con los cuales evitaba reunirse desde que asumió- que su gobierno no impulsa la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A pesar, claro, de que gente de su sector en el Congreso (el advenedizo grupo Talcahuano) sostiene la conveniencia ética de modificar esas normas. «Yo me voy a encargar de que los diputados de ese sector no insistan con esa iniciativa.» Se diluye entonces el proyecto oficial que suponía un nuevo juzgamiento para 1.600 oficiales, número que luego podía extenderse a 3 o 5 mil, idea impulsada por más de un ministro de la actual administración, habituales confidentes de Kirchner. Pero éste ha dicho que bloqueará la revisión sobre militares que ya fueron juzgados y sobreseídos, juzgados, condenados e indultados, y procesados sin culminar la etapa judicial. O sea, mantiene la actual legislación, producto del Parlamento por iniciativa, en su momento, de Raúl Alfonsín. En rigor, si son ciertas las palabras del Presidente, parece apoyarse en el Derecho, ya que tampoco habría podido conseguir la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema (no olvidar que fueron varios los miembros, ninguno de la «mayoría automática» que ya se pronunciaron por la constitucionalidad de estas normas). También se advierte que ingresó en vía muerta la posibilidad de extraditar a los militares que reclama el magistrado Baltasar Garzón, al menos una vasta mayoría de ellos. Si todo esto evoluciona en esa dirección, en la que expresa Kirchner ante los mandos castrenses, la pregunta obvia es: ¿para qué se destapó este añejo conflicto desde la propia Casa de Gobierno? Las conclusiones corren por cuenta hasta del menos informado de los observadores.
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Roberto Lavagna sufre el recorte de competencias que le impuso en el Ministerio de Economía, sobre todo en algunas áreas «del corazón», como la Secretaría de Energía. A tal punto llega el avance de este ministro sobre ese jardín que hasta para la creación de la nueva Línea Aérea Federal se repartieron las acciones entre los ministerios de Economía y Planificación.
De Vido extiende también su influencia hacia Justicia. Gustavo Béliz ni se enteró de que Eugenio Zaffaroni ocuparía la vacante de Julio Nazareno en la Corte, cuestión que se resolvió en el despacho del ex ministro santacruceño, gracias a la amistad entre De Vido y un grupo de militantes del PJ de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, ligados al socio de Zaffaroni, el inquieto Jacobo Grossman. Desde Planificación, el candidato a juez fue llevado hasta Olivos, donde Kirchner le ofreció esa butaca en el tribunal, a pesar de las declaraciones tan desdorosas que había realizado en su contra durante un acto en Río Gallegos, hace ya años.
A veces De Vido tiene menos suerte en sus avances. El propio Presidente lo llamó al orden por sus desafiantes declaraciones contra uno de los siete ministros que deben resolver la suerte de la Argentina en el FMI, el francés Francis Mer. Le dolieron los dientes al arquitecto con la respuesta en francés, no sólo de Mer sino también del presidente de la Total en la Argentina, Jacques Chambert-Loir, quien dijo que «si todo lo que se escribe sobre el gobierno es cierto, dan ganas de salir corriendo». Total es una de las empresas de explotación de hidrocarburos con mayores inversiones en Santa Cruz.
Hasta ahora, De Vido tuvo también responsabilidad central en la política de Defensa. Fue él quien sugirió la designación de Roberto Bendini como jefe del Ejército. Bendini se convirtió luego en el asesor principal para la designación de los jefes de las demás fuerzas. Esta preeminencia de De Vido fue el motivo más importante de disgusto para el ministro del área, José Pampuro, quien había ofrecido los mismos cargos a otros uniformados.
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