El kirchnerismo senatorial ya tiene definida una ambigua estrategia para emitir hoy dictamen favorable al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia y fiscalización sobre subtes y colectivos. Con mayoría propia, el Frente para la Victoria está en condiciones de terminar en el Congreso el proceso de transferencia de los subtes, pero, de acuerdo con lo informado desde la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el oficialista Marcelo Fuentes, el traspaso de las 33 líneas urbanas de colectivos deberá ser completado a través de una reglamentación unilateral del Ejecutivo o bien a través de un acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri.
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Desde el despacho del kirchnerista Fuentes explicaron que, técnicamente, la eventual aprobación de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación al proyecto de ley enviado por el PEN daría por terminado el proceso de traspaso de los subtes, pero no así de los colectivos. De acuerdo con el mensaje N° 341 ingresado el jueves pasado al Senado, el Decreto 393 de 1999 dispuso que «es decisión del Estado nacional transferir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el control del servicio de transporte ferroviario de pasajeros -subterráneos y Premetro- comprendiendo tal control el ejercicio de la fiscalización y cumplimiento de la ejecución del contrato de concesión firmado entre el Estado nacional y la empresa concesionaria Metrovías Sociedad Anónima...». Este decreto, a su vez, fue ratificado por la Ley 373 sancionada por la Legislatura de la Capital Federal.
De este modo, el proyecto enviado la semana pasada por Cristina de Kirchner al Senado, con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, barre con los argumentos del PRO de Mauricio Macri. El Gobierno porteño retruca a la Casa Rosada que un eventual proceso de transferencia de competencias debe ser ratificado por la Legislatura porteña. Para el kirchnerismo ese requisito ya está salvado con la Ley 373, que ratificó el Decreto 393 de 1999. En cuanto a la transferencia de los recursos, prevista en el artículo 75 de la Constitución nacional, al habilitar al macrismo a fijar tarifas, tampoco habría lugar para nuevos reclamos de fondos de la Ciudad a la Nación.
En cuanto al traspaso de las competencias y fiscalización sobre las 33 líneas urbanas de colectivos, la participación del Congreso resulta insuficiente y su manejo quedaría en un limbo legal, incluso para los mismos kirchneristas. Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales explicaron que el proyecto del PEN es meramente enunciativo. Es decir que enuncia un «deber ser»: que los autobuses urbanos deben quedar bajo la órbita del Gobierno porteño. Sin embargo, persiste un limbo en cuanto a qué líneas específicas serán las primeras en traspasarse, en qué plazos, bajo qué condiciones y con qué cuadro tarifario. Para definir estas lagunas legales haría falta una reglamentación posterior del Poder Ejecutivo o bien una ley de la Legislatura porteña que acepte formalmente el traspaso de los colectivos, tal cual ocurrió con los subtes a través del Decreto 393/99 ratificado por la Ley 393 sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000.
El proyecto que disparó la furia del PRO fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que será la cabecera, y también a las de Infraestructura, Vivienda y Transporte y a la de Presupuesto y Hacienda, que se reunirán hoy a las 14:00 en plenario en el Salón Illia.
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