La denuncia contra Schoklender, en manos de Oyarbide

Política

En menos de 24 horas, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDIN), a cargo de Raúl Pleé, remitió a la Justicia las denuncias contra el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, que será investigado por presunto "lavado de dinero" y "defraudación a la administración pública".

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a ámbito.com que la causa recayó en el juzgado número 5, cuyo titular es el mediático juez Norberto Oyarbide. El expediente lleva el número 6522/11, y fue presentado a primera hora de hoy.

El miércoles, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) había elevado a la Fiscalía las denuncias contra Schoklender que habían presentados tiempo atrás dos diputadas de la Coalición Cívica. Pleé tenía 60 días de plazo para evaluar los informes del organismo que conduce José Sbatella. Sin embargo, presentó la denuncia en cuestión de horas.

La denuncia de Pleé fue realizada luego de quedar acreditado que Schoklender es director de la construtora Meldorek, la cual realiza viviendas sociales con fondos que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibe del Estado. Todo luego de que el propio Schoklender hubiese negado ser accionista mayoritario de la constructora y asegurara que sólo cumplía funciones de asesoramiento, por las cuales cobraba honorarios.

Schoklender quedó bajo la lupa luego de conocerse un voluminoso patrimonio a su favor, el cual incluiría varias propiedades, aviones y un yate, y mientras era asesor de la Fundación que preside Hebe de Bonafini.

A Schoklender se le atribuyen firmas tales como Gorlac, Regie Royale, Stylo Car, Habemus y Meldorek, y según una denuncia realizada hace un año por legisladores de la Coalición Cívica y que fue incorporada en el expediente de la UIF, también contaría con 15 inmuebles en la localidad de José C. Paz y uno en el partido bonaerense de Pilar.

Ayer, el titular de la UIF reveló que entregó "elementos con indicios" a la Justicia para que investigue al exapoderado de Madres de Plaza de Mayo.

"Hay elementos, exactamente. Pero hasta ahí llegamos. Podríamos tener más, pero en este caso, como tomó dominio público, se elevó al fiscal, que tiene más fuerza que nosotros", indicó Sbatella.

En ese sentido, agregó que durante un año se recibieron en la UIF unos 4500 expedientes detectados por "el sistema de prevención" de la entidad y detalló que se enviaron "4000 fojas respecto a operaciones realizadas por las empresas y personas involucradas".

"La UIF funciona como un ente administrativo que junta pruebas o semipruebas para que los jueces ameriten si siguen o no. Nosotros llevamos elementos con indicios", señaló Sbatella en declaraciones a radio Belgrano.

"Al tomar dominio público, se pierde la confidencialidad de los hechos. Vislumbramos que la labor de la UIF estaba cumplida y correspondía a la fiscalía decidir si avanza con dirección penal o archiva. Eso es lo que hicimos. Llevamos elementos con indicios", completó.

Asimismo, el titular de la UIF evaluó que "hay que deslindar estas responsabilidades y que la Justicia determine claramente las actitudes personales de las políticas".

Incluso consideró que "hay una historia detrás de las Madres que no pueden ser maquilladas con cuestiones que pueden ser producto de situaciones personales".

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