Laura De Marinis declaró inconstitucional la aplicación de la imputabilidad a un adolescente de 14 años y defendió su decisión. De esta forma, remarcó que la misma solo alcanza al expediente que analizó.
Laura De Marinis sobreseyó a un adolescente de 14 años.
La jueza Laura De Marinis defendió el fallo mediante el cual sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires y aclaró que su decisión no dejó sin efecto de manera general el nuevo Régimen Penal Juvenil.
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La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº3 sostuvo que la resolución respondió exclusivamente a las circunstancias particulares del expediente y aseguró que la investigación sobre el episodio continúa.
“Lo primero que quiero dejar bien en claro es que esta es una decisión en un caso concreto”, explicó De Marinis en una entrevista. Y agregó: “Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando”.
Además, remarcó que el régimen continúa vigente y se aplica a otros adolescentes involucrados en el mismo episodio. “Quiero remarcar que la ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él”, sostuvo.
La ley 27.801 estableció un nuevo régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18. La norma fue publicada el 9 de marzo y entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026.
En diálogo con Radio Con Vos, De Marinis explicó que para resolver el expediente tuvo especialmente en cuenta la situación personal y social del adolescente y la ausencia de intervenciones estatales previas.
“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante. En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, afirmó.
El expediente comenzó por un episodio ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que fue perseguido por un grupo de adolescentes que intentó robarle. El hombre logró escapar y pidió ayuda a un policía, tras lo cual los jóvenes fueron demorados.
De Marinis dispuso el sobreseimiento del adolescente de 14 años y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se adopten medidas de acompañamiento relacionadas con su situación familiar, educativa y social. “Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir”, planteó.
La magistrada explicó que incluso una sanción como una amonestación supone incorporar al adolescente a un expediente penal y puede tener consecuencias frente a eventuales hechos posteriores. Según su postura, antes de recurrir a esa herramienta deben evaluarse las intervenciones realizadas por los organismos de protección.
La jueza también rechazó que su resolución implique una posición general contra la nueva legislación. “La decisión que tomé fue en el caso concreto”, insistió.
De Marinis señaló que actuó frente a un planteo de la Defensa Oficial, acompañado por la Asesoría Tutelar, y sostuvo: “No podemos analizar el planteo de inconstitucionalidad en abstracto, sino que tenemos que anclarlo al caso concreto”.
Pese a haber declarado inconstitucional la aplicación del artículo 1 para este expediente, De Marinis aseguró que no rechaza el nuevo régimen en términos generales y consideró que puede utilizarse junto con los mecanismos destinados a proteger los derechos de los menores.
“La ley me parece una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día”, expresó.
Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias que implica que un adolescente pueda ingresar al sistema penal desde los 14 años y consideró necesario fortalecer previamente la actuación de las familias, las escuelas y los organismos estatales frente a situaciones de vulnerabilidad.
La Fiscalía apeló el fallo, por lo que la decisión será revisada por una instancia superior. También se solicitó el apartamiento de De Marinis del expediente y la designación de otro magistrado.
La resolución provocó cuestionamientos políticos. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada y afirmó: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre”. También sostuvo que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.
Posteriormente, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que avanzaría con una presentación ante el Consejo de la Magistratura.
De Marinis rechazó esos cuestionamientos y afirmó que las decisiones de los magistrados deben ser discutidas mediante las vías judiciales previstas para su revisión: “Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, afirmó. Y agregó: “Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función”.
La magistrada cuestionó particularmente que se plantee su eventual remoción por los argumentos utilizados para fundamentar una sentencia.
“Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas”, sostuvo.
Finalmente, respondió a la expresión utilizada por Macri para cuestionar el fallo. “No queremos que haya adolescentes que hagan esto ni tampoco que una persona sea abordada por cuatro adolescentes y tenga que correr para que no le roben. Entonces, hablar de un ‘fallo manchado con sangre’ me parece que es distorsionar lo que yo resolví”, señaló.