La Justicia avaló otra vez despidos en la Capital

El Gobierno porteño le ganó otra pulseada al gremio de empleados municipales, pero a la porción que representa la Asociación Trabajadores del Estado. Un fallo judicial le dio la razón en no continuar con 2.300 contratos vencidos de empleados, pero a la vez, los jueces se inclinan por la continuidad del censo que está realizando Mauricio Macri al personal de la Ciudad.

ATE, que representa a una parte menor del plantel de trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires, había logrado que una jueza obligara a Mauricio Macri a reincorporar a 2.300 cuyos contratos se dieron por vencidos el 31 de diciembre pasado.

Pero, el Gobierno porteño apeló la medida y se conoció ayer que la Cámara aceptó el pedido y consideró revocar «el pronunciamiento apelado».

Acuerdo

En los fundamentos, a lo largo de unas cincuenta carillas, los magistrados de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, además tuvieron en cuenta que en medio del conflicto, el Gobierno porteño llegó a un acuerdo con los gremialistas -en este caso el sindicato más grande, Sutecba-.

Ese acuerdo consiste en la realización de un censo de empleados que está llevando adelante el Gobierno de Macri, para lo cual contrató 150 pasantes de la Universidad de Buenos Aires.

Cuando el jefe de Gobierno, en una de las primeras medidas anunció que se caían 2.300 contratos de empleados, el sindicato, con apoyo de la CGT y Hugo Moyano a la cabeza, realizó una manifestación en su contra.

Intervención

Como réplica, el Gobierno de la Ciudad dispuso la intervención de la obra social de los empleados municipales, otro conflicto que paseó por los tribunales y que terminó resolviéndose la semana pasada con la renuncia del gremialista Patricio Datarmini a la conducción de la prestadora. Macri, además, pudo avanzar con la intervención a través de una ley que especialmente sancionó la Legislatura porteña, donde el macrismo es mayoría.

En cambio la Justicia les habíadado la razón a los gremialistas al disponer que debían reincorporarse los contratados que habían sido dados de baja.

De acuerdo con la información que difunde el Gobierno de la Ciudad, aparentemente los reincorporados no serían más de 300, ya que el resto no se habría presentado a su lugar de trabajo, aunque siempre fue parte de la duda cuántas personas efectivamente habían quedado sin contrato.

Ahora el Tribunal que integran Carlos Balbín, Esteban Centanaro y Horacio Corti, resolvió hacer lugar a la apelación del Gobierno porteño con respecto a las reincorporaciones y revocar la medida anteriormente dispuesta por la jueza Helena de Liberatoria.

Corti se pronunció a favor de darle continuidad al censo como medida acordada entre las partes en conflicto. A diferencia de sus pares, el juez dijo que «el censo no deberá abarcar únicamente a los contratos vigentes sino también a los comprendidos en este pronunciamiento, esto es, los celebrados durante el año 2007 y que no fueron renovados».

Balbín sostuvo que «si bien la decisión de la señora jueza en primera instancia no coincide con el criterio jurídico de esta medida, de ello no se desprende que quepa tacharla de arbitraria». De ese modo rechazó las imputaciones que contra la magistrada formularon los abogados de la Ciudad.

Por su parte, Centanaro, en el mismo sentido, consideró que «si bien disiento con la colega de grado, lo cierto es que la resolución recurrida no se manifiesta como arbitraria o irrazonable».