El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, desoyó un fallo de la Corte Suprema y la oposición impulsa la intervención.
Los diversos sectores de la oposición anunciaron que presentarán proyectos para avanzar en la reposición de Eduardo Sosa como procurador general de la provincia y la remoción de su reemplazante, Claudio Espinoza, como estableció la Corte Suprema de Justicia.
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Sin embargo, luego de las distintas iniciativas anunciadas, la Coalición Cívica convocó a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la justicialista disidente Graciela Camaño, para unificar criterios.
La propuesta del bloque liderado por Elisa Carrió fue transmitida a los otras bancadas opositoras luego de que el bloque de diputados de la UCR, del Peronismo Federal, el PRO y el GEN anunciaran la presentación de distintos proyectos de ley para atender el pedido de la Corte Suprema de Justicia.
La avanzada opositora surgió después de que la Corte denunciara penalmente al gobernador santacruceño, Daniel Peralta, por incumplir con dos pedidos de ese tribunal para reincorporar a Sosa a su cargo de procurador general y pidiera la intervención del Congreso para instrumentar el fallo.
Los principales referentes del bloque radical junto al presidente del partido, Ernesto Sanz, explicaron que la iniciativa de ese partido sostiene una "intervención mínima e inteligente" que "respeta la institucionalidad de la provincia, sin desplazar al gobernador ni a las Cámaras" legislativas.
"No queremos desestabilizar a nadie, queremos que Peralta siga siendo gobernador todos los días. Pero sí que se respete a la Corte, porque no puede haber nada mas desestabilizador que desoír los fallos del máximo tribunal", indicó Sanz en una conferencia de prensa brindada en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.
Según señaló Sanz, "el Poder Legislativo tiene que tener la inteligencia de preservar dos valores: la independencia de los poderes y el respeto a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia".
Por su parte, el titular del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, manifestó que la intervención debe llevarse a cabo "de la manera menos cruenta posible para restablecer el sistema republicano de gobierno, debido a la desobediencia del gobernador de Santa Cruz".
Más temprano, el diputado del Peronismo Federal Gustavo Ferrari anunció la presentación de otro proyecto para disponer la intervención federal de la provincia y afirmó que "en la Argentina se le exige el cumplimiento de la ley a un ciudadano común y un gobernador lo desoye", motivo por el cual "se está tomando esta medida extrema".
"La Corte le dice al Congreso: hace 15 años que se produjo una situación irregular en una provincia, y ustedes tienen que intervenir. La manera es a través de la intervención federal", explicó el diputado alineado con Francisco de Narváez.
Según indicó Ferrari, "la intervención se da en dos situaciones: cuando hay que tomar una medida protectora, ante un caso de invasión exterior, o con una función reconstructora, cuando tiene que garantizar la forma republicana de Gobierno. Este es el caso de la situación en Santa Cruz".
Por su parte, la senadora y referente del Peronismo Federal de San Luis, Liliana Negre de Alonso, remarcó que "en un sistema democrático de división de poderes, y donde el último control de constitucionalidad lo tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los otros poderes sólo les queda acatar y cumplir la sentencia dictada".
En tanto, fuentes del bloque del PRO confirmaron que la diputada Laura Alonso presentará un proyecto similar que dispone "la intervención del Poder Ejecutivo de Santa Cruz por cinco días al sólo efecto de restituir en su cargo" al ex procurador general de la provincia.
Los bloques de la CC de la Cámara de Diputados y de Senadores anunciaron por su parte que impulsarán una reunión de los legisladores de la oposición que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales para discutir "una posición común" frente al fallo de la Corte.
La fuerza de Carrió consideró que la actitud de Peralta "se trata de un desacato a un principio básico de la convivencia y a la división de poderes, un hecho inédito desde la recuperación democrática" y agregó "jamás desde entonces una provincia se había rebelado contra una sentencia del máximo tribunal".
La CC advirtió también que este conflicto "no va a sacar de la agenda parlamentaria los temas que está impulsando la oposición y que tienen que tratarse los próximos días", entre ellos el aumento del mínimo no imponible para el impuesto a la ganancia, la baja a las retenciones, el acceso a la información y la modificación de la distribución de ATN.
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