La defensa del exjefe de Gabinete llevó a Comodoro Py las claves privadas de las ocho direcciones de Bitcoin que fueron informadas en la causa. La Policía Federal deberá determinar si efectivamente están bajo su control.
La defensa de Manuel Adorni entregó las claves privadas de ocho direcciones de Bitcoin que el exfuncionario declaró como propias.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas técnicas para profundizar la investigación sobre las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa de Manuel Adorni en el marco del requerimiento de justificación patrimonial.
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Ayer se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía Federal un procedimiento de verificación criptográfica de las direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa de Manuel Adorni para explicar los casi u$s600.000 declarados en su última rectificación de las declaraciones juradas patrimoniales como dinero en efectivo en dólares proveniente de “ventas de activos”, según consignó el ex Jefe de Gabinete.
Tras el procedimiento en el que estuvo presente la defensa de Adorni, la fiscalía intentará despejar varias dudas. Por ello hoy ordenó nuevas medidas relacionadas con la pericia sobre las billeteras.
El objetivo será establecer qué información puede obtenerse, más de ocho años después, sobre el origen de los fondos, la identidad de quienes controlaban las billeteras y las condiciones en las que se realizaron los movimientos.
Para eso, Pollicita encomendó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina la elaboración de un informe especializado sobre las direcciones de Bitcoin y los 41 movimientos registrados entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018.
Uno de los primeros aspectos que deberá analizar la PFA es el marco legal que regía durante esos años. El fiscal pidió determinar qué normativa existía en Argentina para las operaciones con monedas virtuales, cuál era el alcance de la Resolución UIF 300/2014, a qué sujetos alcanzaba y si existían obligaciones de conservar registros durante períodos superiores a los mínimos legales.
También se deberá establecer si las plataformas que operaban durante 2017 y 2018 tenían obligación de conservar los historiales de sus clientes y qué sucedía con esos registros cuando las empresas entraban en quiebra.
Otro punto busca reconstruir cómo era el sistema de regulación internacional en aquellos años. Pollicita preguntó específicamente cuándo el GAFI incorporó estándares para los proveedores de servicios de activos virtuales y si esas reglas eran exigibles al momento en que se produjeron alguno de los 41 movimientos investigados.
El peritaje también deberá determinar qué tipo de billeteras representan las ocho direcciones analizadas. En particular, se preguntará si pueden identificarse como direcciones bajo custodia de una plataforma o de autocustodia, es decir, controladas directamente por quien posee las claves privadas.
La diferencia es relevante porque una billetera alojada en una plataforma puede estar vinculada con registros internos de usuarios, mientras que una dirección de autocustodia no necesariamente contiene información que permita identificar a su titular.
Pollicita pidió que los especialistas expliquen además si es posible determinar desde cuándo existen las direcciones y quién las generó, y si existe algún registro que permita conocer la fecha en la que fue creada una clave privada.
En ese marco aparece otro elemento particular: las llamadas “paper wallets”. El fiscal quiere saber si, entre 2014 y 2018, las claves privadas podían generarse y conservarse en soportes físicos, sin dejar necesariamente un rastro digital, y qué relación existe entre ese mecanismo y los formatos de claves utilizados en las ocho direcciones.
El informe deberá analizar incluso las firmas criptográficas realizadas recientemente para determinar si permiten establecer si las claves utilizadas eran comprimidas o no comprimidas.
Uno de los capítulos más importantes del pedido apunta directamente a la autoría de las operaciones.
Pollicita preguntó si los 41 movimientos de las ocho direcciones pudieron haber sido realizados por una misma persona, si necesariamente tuvo que intervenir un tercero y, en sentido contrario, si puede descartarse la participación de un intermediario.
Además, busca saber si existe algún registro que permita determinar si los movimientos fueron ejecutados por una misma persona.
El fiscal también puso el foco en la información pública de la blockchain y preguntó si el registro de Bitcoin contiene algún dato que permita identificar a quien controlaba las direcciones al momento de realizarse las operaciones.
La respuesta a ese punto puede ser clave: la blockchain permite observar las transacciones y sus direcciones, pero la investigación busca establecer hasta dónde puede llegar técnicamente esa información para vincularlas con una persona concreta.
Otro capítulo apunta a las direcciones IP desde las cuales pudieron haberse difundido o firmado las transacciones.
Pollicita pidió determinar si la red Bitcoin pudo registrar las IP utilizadas y, especialmente, si existe actualmente algún registro centralizado de esa información.
La dificultad está dada por el paso del tiempo. Los movimientos investigados ocurrieron entre ocho y doce años atrás, por lo que el fiscal preguntó si todavía existen bases de datos públicas o privadas que conserven esas IP y, en caso de existir, qué nivel de cobertura, confiabilidad y posibilidad de verificación independiente tienen.
También pidió analizar los registros históricos que pudieran conservar servidores de billeteras livianas como Electrum o exploradores de bloques utilizados entre 2014 y 2018.
Otro interrogante está dirigido a los proveedores de internet: si durante ese período existía en Argentina una obligación legal de conservar las asignaciones de IP durante un plazo que permita llegar hasta la actualidad. Y, aun si pudiera identificarse al titular de una conexión, Pollicita quiere saber si eso permitiría necesariamente identificar a la persona que tenía bajo su control las claves privadas.
El fiscal también ordenó analizar el funcionamiento de las plataformas de intercambio durante el período investigado.
Entre otras cuestiones, pidió explicar qué era una “hot wallet” de una exchange y cómo se diferenciaba de una billetera fría o “cold wallet”.
La investigación apunta además a determinar si las plataformas estaban obligadas, en aquellos años, a identificar al titular o beneficiario de una dirección externa de autocustodia cuando se enviaban criptomonedas desde una billetera operativa de la propia plataforma.
Pollicita pidió reconstruir también qué requisitos de identificación exigían las exchanges que operaban exclusivamente con criptomonedas en octubre de 2014 y entre febrero de 2017 y septiembre de 2018, incluyendo si existían niveles de cuenta que permitieran operar sin presentar documentación.
El análisis alcanzará incluso a las plataformas P2P, para determinar si exigían identificación obligatoria y desde cuándo.
Y hay otro punto particularmente relevante: las herramientas comerciales utilizadas para atribuir determinadas direcciones a exchanges. El fiscal quiere saber si esas identificaciones se basan en “heurísticas probabilísticas y bases propietarias”, si pueden ser auditadas por terceros y si las empresas que las desarrollan publican sus tasas de error.
Pollicita también puso bajo la lupa los cinco fondeos realizados en 2014 sobre cinco de las ocho direcciones.
La pregunta concreta es si existe actualmente alguna medida técnica que permita identificar a la contraparte de esas operaciones, teniendo en cuenta que no aparecen puntos de contacto con plataformas de intercambio.
También pidió determinar si, en caso de que una exchange pudiera identificar al titular de la cuenta desde la cual salió una transferencia hacia una dirección de autocustodia, eso permitiría establecer quién controlaba la dirección receptora.
Y, en particular, si esa información permitiría distinguir entre un retiro hacia una billetera propia y un pago efectuado a un tercero.
El pedido también incorpora las consecuencias del procedimiento de verificación criptográfica realizado ayer 1° de octubre en la sede de la Fiscalía.
Pollicita pidió establecer si las firmas efectuadas durante esa diligencia demuestran que quien firmó tenía “control exclusivo o compartido” de las claves en esa fecha y si existe alguna manera de generar una firma válida sin acceder a la clave privada.
Pero el fiscal introduce una distinción temporal fundamental: que alguien tenga hoy las claves no necesariamente responde quién las tenía años atrás.
Por eso preguntó expresamente si existe alguna herramienta que permita determinar que quien posee actualmente las claves no es la misma persona que controlaba las direcciones entre 2014 y 2018, y si existe alguna forma de establecer desde cuándo alguien está en posesión de esas claves.
Finalmente, Pollicita pidió que los expertos analicen un escenario concreto: teniendo en cuenta que las ocho direcciones quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018, que existe correspondencia entre los movimientos de las direcciones y los informados por la defensa y que la verificación criptográfica fue exitosa, si resulta “técnicamente compatible” con que Adorni haya controlado esas direcciones durante el período en que estuvieron operativas.
Pero también formuló la pregunta inversa: si existe alguna medida técnica que permita afirmar “con certeza” que, entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018, una persona distinta de Adorni controlaba esas direcciones.
De esta manera, fuentes judiciales explicaron que el peritaje ordenado por el fiscal Pollicita busca ir más allá de la simple reconstrucción de las transacciones. La fiscalía intenta establecer qué puede demostrarse hoy, con herramientas técnicas y registros que eventualmente hayan sobrevivido al paso del tiempo, sobre la identidad y el control de las ocho direcciones de Bitcoin durante el período investigado.