19 de noviembre 2026 - 20:40

Ley de Discapacidad: qué cambia para las pensiones y las prestaciones tras la aprobación del Senado

El Congreso convirtió en ley el nuevo régimen. Se mantienen las pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo, se habilita su compatibilidad con el empleo registrado bajo un límite de ingresos y se establecen nuevas condiciones de acceso, auditorías y mecanismos de financiamiento para los prestadores.

Discapacidad: cuáles son los cambios en las pensiones y quiénes podrán seguir cobrando.

Discapacidad: cuáles son los cambios en las pensiones y quiénes podrán seguir cobrando.

El Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que modifica las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas, establece nuevas reglas para compatibilizar esos beneficios con el empleo y fija mecanismos de actualización y financiamiento para las prestaciones del sector. La norma busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente, con nuevas exigencias para los beneficiarios y controles periódicos sobre el sistema.

La sanción definitiva se produjo en medio de la discusión por el vencimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, previsto para el 31 de diciembre de 2026. Con la nueva legislación, el Gobierno contará con un marco normativo para sostener las pensiones y las prestaciones, aunque con condiciones específicas para acceder a los beneficios y mantenerlos.

Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, que se mantienen en un equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El monto continuará actualizándose de acuerdo con la movilidad previsional. De esta manera, la norma sostiene una prestación económica para las personas que no cuentan con cobertura previsional y cumplen con las condiciones establecidas por la legislación.

Pensiones, empleo y auditorías: las claves de la nueva ley de Discapacidad.

Pensiones, empleo y auditorías: las claves de la nueva ley de Discapacidad.

Sin embargo, la nueva ley establece requisitos específicos para acceder a una pensión. Los solicitantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad y acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). También deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados. En el caso de las personas extranjeras, se exigirá una residencia legal, mínima y continuada de al menos cinco años antes de realizar el pedido.

Ley de Discapacidad: qué pasará con los beneficiarios y los prestadores desde 2027

Otro de los requisitos será no percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El cálculo se realizará sobre los ingresos individuales y no sobre los del grupo familiar. Además, los solicitantes no podrán cobrar otra jubilación, retiro o pensión, contributiva o no contributiva, ni la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o la asignación familiar correspondiente.

La normativa también contempla una evaluación socioeconómica para determinar si corresponde otorgar el beneficio. Quienes sean propietarios de una vivienda deberán acreditar que se trata de su única vivienda familiar. Las pensiones por invalidez laboral, por su parte, continuarán bajo las disposiciones que rigen específicamente ese régimen.

Uno de los cambios de mayor impacto es la compatibilidad entre el cobro de una pensión y el trabajo registrado. A partir de la nueva ley, las personas con discapacidad podrán incorporarse al empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos individuales se mantengan por debajo de dos salarios mínimos. Si superan ese límite, la pensión quedará suspendida mientras se mantenga esa situación.

Pensiones por discapacidad: qué cambia con la nueva ley y cuáles son los requisitos.

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El texto también prevé un mecanismo para recuperar el beneficio. Cuando termine la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope establecido, el titular podrá solicitar la rehabilitación de la pensión. La restitución tendrá vigencia desde la fecha en que se presente el pedido, por lo que no se contempla una recuperación automática de los pagos correspondientes al período de suspensión.

En paralelo, la ley establece un sistema de auditorías periódicas para controlar que los beneficiarios continúen reuniendo las condiciones exigidas. La Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo, el Registro Nacional de las Personas y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.

Esos controles deberán respetar un procedimiento de notificación. Ante la detección de un posible incumplimiento, el organismo tendrá que informar los motivos y otorgar un plazo para que la persona presente su descargo. Una vez vencido ese período, podrá disponer la suspensión preventiva de la prestación. El mecanismo establece controles sobre el padrón, pero también contempla la posibilidad de defensa de los titulares.

En materia de salud, la norma mantiene la cobertura médica para las personas que perciben pensiones por discapacidad o invalidez laboral. El acceso se garantizará a través de Incluir Salud o del programa que lo reemplace, con las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901. El Certificado Único de Discapacidad continuará siendo una herramienta central para acreditar la condición y acceder a los beneficios correspondientes.

El otro capítulo relevante está vinculado con los prestadores. La ley conserva el nomenclador único y establece que los aranceles de las prestaciones tendrán una actualización automática y periódica, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria. La decisión apunta a evitar que los valores de los servicios queden desactualizados frente al aumento de los costos y a sostener un esquema común de pagos para el sistema.

Además, se incorporó un mecanismo para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma de cancelación dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y completar los pagos en un plazo de 90 días, de acuerdo con las condiciones previstas en el proyecto.

Para financiar el nuevo régimen, el gasto se cubrirá inicialmente con partidas del Ministerio de Salud. En caso de que esos recursos resulten insuficientes, se podrán utilizar compensaciones de la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. El texto también establece una garantía presupuestaria para que los recursos destinados al área no sean inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

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