Lesa humanidad: trasladaron represores a Campo de Mayo y denunciaron condiciones de privilegio

Un grupo de 19 condenados por delitos de lesa humanidad fueron llevados desde el penal de Ezeiza a Campo de Mayo.

Diputados oficialistas, en una visita a represores en la cárcel de Ezeiza.

Mientras aún no se dilucidó el objetivo de la visita de diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza, organismos de derechos humanos confirmaron que este viernes se trasladaron a un grupo de 19 represores de la dictadura, condenados por delitos de lesa humanidad, hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Los grupos que advirtieron el movimiento investigan si el traslado tiene la intención de garantizarles condiciones de detención de privilegio, dado que la cualidad de la Unidad 34 Campo de Mayo es una excepcionalidad: tiene vacantes libres en un contexto de sobrepoblación penitenciaria. Hasta este viernes, habían allí 52 detenidos dentro de la una cárcel que cuenta con 115 plazas.

Dentro de los trasladados se incluyeron a nueve represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. A ellos se le sumaron otros cuatro que accionaron en en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. Finalmente, también se reubicó a Marcelo Cinto Courtaux, un oficial de inteligencia del Ejército, cuyo hijo homónimo es un funcionario del riñón de Victoria Villarruel y tiene contratación directa en el Senado.

Alfredo Astiz, uno de los detenidos por delitos de lesa humanidad trasladado a Campo de Mayo.

A través de un comunicado, la filial de Capital Federal de la organización HIJOS apuntó que "siempre hemos reclamado el Juicio y Castigo para los genocidas y partícipes civiles con la plena garantía de sus derechos. Y también hemos sostenido, y lo seguimos haciendo, que el único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común. Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí Justicia".

Diputados libertarios justificaron su visita a represores

En septiembre del 2024, y ante la ausencia de los diputados de La Libertad Avanza al plenario de Diputados que buscaba investigar su visita a represores, la porteña Paula Penacca (Unión por la Patria) leyó un pasaje del descargo de Rocío Bonacci, una de las que previamente expresó su arrepentimiento por la visita. "Nunca integré el grupo de 13 diputados que organizaron estas excursiones o debatieron iniciativas relacionadas con el tratamiento de las penas impuestas a estos presos ni tampoco participé del encuentro de la cuestión", comentó e hizo hincapié en un eventual plan de morigeración de las condenas a los represores.

Luego, la bonaerense Cecilia Moureau (Unión por la Patria) repasó el comunicado de Alida Ferreyra, quien previamente fue junto a Beltrán Benedict a ver a otros represores a la Unidad Federal de Campo de Mayo. "Dicha visita, entre otras cosas, fue realizada en el marco profesional como abogada penalista de abocarme a la situación del estado de las unidades de detención", leyó y amplió que Ferreyra argumenta haber ido en carácter de "receptora de inquietudes políticas y de proyectos de distintos sectores de la sociedad".

Salvo el entrerriano Beltrán Benedict, todos los diputados presentaron un comunicado de argumentación de la visita a los genocidas. La porteña Fernanda Araujo, en ese sentido, señaló que "el recorrido estuvo destinado a observar de primera mano las condiciones de las instalaciones del centro penitenciario, y escuchar a las autoridades del penal, al personal médico y a todos los profesionales del mismo". El bonaerense Guillermo Montenegro -sin rubricarlo- presentó el mismo texto.

Además del pasaje leído por Cecilia Moureau, la correntina -pero que representa a CABA- Alida Ferreyra también argumentó "motivos humanitarios", que se estableció "la inexistencia de delito alguno" y que "la calidad de la gestión legislativa necesariamente admite distintas ópticas en un marco democrático de tolerancia".

Benedict, Arrieta y Montenegro, tres de los diputados que visitaron a los represores en Ezeiza.

Por su parte, la santafesina Rocío Bonacci consideró "injusto y arbitrario" que "no se distingue mi conducta de otras conductas desplegadas, en una suerte de linchamiento político" y afirmó que fue invitada para "tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal". A su vez, señaló que cuando advirtió que se visitaban a represores "decidí mantenerme totalmente ajena a tal situación" y reconoció que "llegué a comprender la gravedad institucional de la visita". Asimismo, indicó que Benedict fue el organizador de la visita: "Intenté que me diera explicaciones del motivo por el cual me ocultó el verdadero motivo de la visita, lo cual no realizó".

En su defensa, la mendocina Lourdes Arrieta también apuntó contra Benedict como organizador, quien "criticó la tibieza del Poder Ejecutivo o se jactó y avaló dichos sobre sus vínculos con la Ministra Patricia Bullrich y el Jefe del Servicio Penitenciario". La mendocina reiteró sus acusaciones previas y puntualizó detalles de la visita entre las que mencionó que Alfredo Astiz "no me sacó la vista de encima, algo que por momentos llegó a intimidarme y molestarme". "Mi insistencia sobre la transparencia que debía tener la visita realizada generó fuertes represalias internas", añadió.