La iniciativa, redactada por Federico Sturzenegger, propone una revisión integral del sistema legal, con derogaciones, recortes de burocracia y cambios en el financiamiento de organismos.
Federico Sturzenegger, el funcioanrio detrás de la Ley de Hojarasca.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de “Ley de Hojarasca”, una iniciativa que propone derogar y modificar más de 70 normas vigentes con el objetivo de reducir la sobrerregulación y avanzar en un proceso de desburocratización del Estado.
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El texto, impulsado por el ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger y elevado por el Poder Ejecutivo de Javier Milei, abarca legislación sancionada desde 1864 hasta la actualidad, con el argumento de que muchas normas permanecen formalmente vigentes pese a haber perdido sentido práctico o haber sido reemplazadas por marcos legales más modernos.
Uno de los ejes principales de la iniciativa es la eliminación de leyes que fueron sustituidas por otras posteriores. En este grupo se incluyen normas vinculadas a vacunación, hidrocarburos o beneficios específicos que hoy se consideran redundantes frente a regulaciones más amplias y actualizadas.
Derogación masiva de leyes
Se propone eliminar más de 70 normas vigentes, muchas de ellas sancionadas hace décadas, bajo el argumento de que perdieron aplicación práctica, fueron superadas por leyes posteriores o responden a contextos históricos ya inexistentes.
El texto apunta a leyes que fueron reemplazadas por marcos regulatorios más modernos, como aquellas vinculadas a vacunación, hidrocarburos o beneficios específicos que hoy están contemplados en otras normas más amplias.
Se incluyen regulaciones que quedaron desactualizadas frente a cambios tecnológicos y productivos, como las vinculadas a microfilmación de documentos, televisión a color o mecanismos antiguos de almacenamiento y comunicación.
El proyecto propone derogar leyes que habilitan controles sobre reuniones privadas, circulación o actividades culturales, muchas de ellas dictadas en contextos de fuerte intervención estatal o durante gobiernos de facto.
Se eliminan leyes que crean organismos, comisiones o fondos considerados innecesarios o con funciones superpuestas, así como trámites administrativos calificados como redundantes o sin utilidad actual.
Se propone derogar normas vinculadas a entidades que ya no funcionan o programas que nunca se implementaron, pero que permanecen formalmente vigentes en el sistema legal.
El proyecto modifica leyes para quitar financiamiento estatal a organismos como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que deberán sostenerse con recursos propios.
Se suprimen normas que otorgan beneficios particulares a determinados sectores o actividades, bajo la premisa de evitar distorsiones y desigualdades dentro de un mismo ámbito.
La iniciativa busca reducir la cantidad de normas vigentes para facilitar su conocimiento y cumplimiento, tanto para ciudadanos como para empresas.
El proyecto se apoya en la idea de que los derechos no requieren ser creados por ley y que debe regir un esquema en el que todo esté permitido salvo lo expresamente prohibido, en línea con una menor intervención del Estado.
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