El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, enfrenta una nueva denuncia por el aumento de las tarifas de subte. Esta vez una ONG lo denunció penalmente por presunto "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" por el decreto que autorizó la suba del 127% de los subterráneos.
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La acción fue presentada por la Organización No Gubernamental "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional" que preside el abogado José Magioncalda. Se trata de la misma entidad que presentó, además, el primer amparo que tramita ante el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Fernando Juan Lima.
La presentación que recayó, tras el sorteo de rigor, ante el juez en lo correccional Luis Schelgel, acusa a Macri por haber "vulnerado" sus deberes constitucionales "de proteger el patrimonio de los usuarios y consumidores", sin la "previa convocatoria a una audiencia pública".
Mangiocalda imputa a Macri el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal que reprime "con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
En las tres carillas de la denuncia, que lleva el número 651/2012, "Ciudadanos Libres" hace referencia al dictado del Decreto 27/2012 de fecha 5 de enero de 2012, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en horas de la tarde del día siguiente.
"Dicho acto administrativo, que dispone el incremento de la tarifa del servicio de subterráneos, violenta normas legales", afirma esa ONG.
Sostiene que, con el incremento de la tarifa de subterráneos y Premetro, sin la previa convocatoria a una audiencia pública, Macri "vulnera" de ese modo sus deberes constitucionales de proteger el patrimonio de los usuarios y consumidores, de permitir la participación de éstos en las decisiones que adopte la Administración".
Según el denunciante, la administración macrista "pretende suplir dicha falencia con la invocación de una audiencia pública realizada hace más de una década, en condiciones económicas y sociales diferentes a las actuales".
Agrega que el decreto 27/12 "constituye el ejercicio de una potestad tarifaria que aún no le asiste al Poder Ejecutivo, en tanto que la misma surge del Acta Acuerdo, suscripta entre la Nación y la Ciudad, el 3 de enero de 2012".
"Dicho convenio interjurisdiccional carece de la aprobación legislativa que establece en sus artículos 80, inciso 8 y 104 la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, no habiendo aún aprobación legislativa, no hay tampoco potestad tarifaria, constituyendo, también por este motivo, un acto administrativo inconstitucional", sostuvo Mangiocalda.
El letrado añadió que "no existe situación apremiante alguna que exima al Poder Ejecutivo local del cumplimiento de las normas vigentes, y que prueba de ello es que el Decreto 27/2012 no ha sido suscripto en los términos del artículo 103 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que regula el dictado de disposiciones de carácter legislativo (decretos de necesidad y urgencia)".
Aún se espera la resolución sobre los amparos presentados la semana pasada contra el aumento del pasaje de subterráneos en la Capital Federal.
• Las otras presentaciones
Legisladores porteños del interbloque kirchnerista presentaron el viernes el pedido de una medida cautelar que suspenda la medida que elevó de $ 1,10 a $ 2,50 porque Macri no había convocado a la audiencia pública que requiere.
Antes una ONG había presentado también en el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual, la presentación que recayó en el juzgado de Elena Liberatori pasó al juez Fernando Enrique Juan Lima, quien recibió la primera demanda.
El magistrado, a cargo del juzgado 11, debe resolver si concede la medida cautelar. Por un lado los legisladores de las bancadas que conducen Aníbal Ibarra (Frente Progresista) y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) junto con organizaciones de consumidores, la adhesión de las kirchneristas María Rachid y María José Lubertino y el auditor porteño Eduardo Epsztein solicitaron la anulación del aumento por la falta de realización de la audiencia, pero también reclaman que el convenio que suscribieron el Gobierno porteño y el nacional formalizando el traspaso, sea homologado por la Legislatura.
Si la Justicia decide que el aumento no debe aplicarse hasta que se realice una audiencia pública que lo avale, el gobierno PRO tendría un gasto extra de $ 100 millones en dos meses, para cubrir el subsidio, que busca reemplazar con la suba del boleto.
