El otro Hornos: también camarista, visitó a Macri cuando estalló escándalo de los Panama Papers

Política

Roberto Hornos, juez de la Cámara en lo Penal Económico, acudió dos veces a la Rosada. También le endilgan haberse puesto a salvo de su propia recusación en otro expediente.

Roberto Hornos, juez de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, visitó la Casa Rosada en al menos dos oportunidades durante la gestión de Mauricio Macri, una de ellas, una semana después de que la investigación contra el expresidente por los Panama Papers pasó a ese fuero. El magistrado, hermano del presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, coincidió en esa ocasión con Alejandro Pérez Chada, abogado de Macri, y con el propio exmandatario entre otros exfuncionarios. Al juez también le endilgan haber resuelto en otro expediente desestimar su propia recusación, una acción irregular que causó malestar entre colegas, abogados y el gremio de la Aduana.

Las visitas de Roberto Hornos a la Casa de Gobierno fueron detectadas por los denunciantes de la causa denominada “mesa judicial macrista” que ya había dado cuenta antes del tránsito por la Rosada de su hermano menor. La primera que fue hallada, y a la que este diario tuvo acceso, se concretó el 17 de abril de 2017 a las 12.56, casi a la misma hora de ingreso de Pérez Chada, la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, el exministro porteño Andrés Freire, el consultor Jaime Durán Barba y dos horas después del propio Macri junto a su secretario privado Darío Nieto. La segunda visita se produjo el 26 de febrero de 2018, quince días antes de un procesamiento masivo en la causa de la “Mafia de los contenedores” que tramitaba en su fuero.

La primera convocatoria del camarista es la más llamativa de las dos que fueron cotejadas por los impulsores de la causa. Se produjo la semana siguiente a que el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para continuar a cargo de la investigación contra Macri por los Panama Papers. El condimento extra es que Hornos, además de integrar la Cámara como miembro de la Sala B, presidía ese año el cuerpo y estaba a cargo, por lo tanto, de la oficina de sorteos de las causas. Para entonces los sorteos en Penal Económico se llevaban a cabo de manera artesanal con un bolillero y no mediante un sistema informático, menos manipulable, como sucede en la actualidad.

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Luego de esa concurrencia el expediente quedó radicado en el juzgado en lo Penal Económico de Diego Amarante, quien en agosto de 2019, cinco días antes de las elecciones primarias, sobreseyó a Macri de los delitos que se le imputaban. Amarante se basó en un dictamen de la fiscal subrogante Gabriela Ruiz Morales que había pedido sobreseimiento para todos los implicados pero en cambio lo dictó sólo respecto de Mauricio Macri y ordenó continuar la pesquisa respecto de dos de sus hermanos, Gianfranco y Mariano. Así se concretó el deshilache de una causa que había arrancado por una presunta omisión maliciosa del expresidente en su declaración jurada y por supuesto lavado de activos, en la Justicia federal, para pasar a Penal Económico sólo por evasión y finalmente dejar a salvo al Macri político.

La causa por el vínculo de Macri con los Panama Papers fue la que primero involucró al expresidente una vez iniciado su mandato. Cuatro meses después del arranque de la gestión de Cambiemos una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas basada en documentos de sociedades offshore del estudio panameño Mossack &Fonseca puso al descubierto las firmas Fleg Trading y Kagemusha, ambas con participación del exmandatario. En el transcurso del expediente el entonces presidente llegó a entablar una demanda civil contra su padre, Franco Macri, para desligarse de esa imputación.

No había pasado un año de aquella visita cuando Roberto Hornos volvió a ingresar a la Rosada: fue el 26 de febrero de 2018, a las 15.15, con destino consignado a la oficina de la Jefatura de Gabinete, entonces a cargo de Marcos Peña. Minutos antes habían arribado a la Casa de Gobierno, con igual despacho como objetivo, el entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y los por esa época ministros de Defensa, Oscar Aguad, y de Transporte, Guillermo Dietrich. Dos semanas después de aquella concurrencia el fuero Penal Económico fue noticia por el procesamiento de medio centenar de personas en la causa por la denominada “Mafia de los Contenedores” dictado por el juez Marcelo Aguinsky. La causa gira en torno de la presentación de supuesta documentación apócrifa ante la Aduana para ingresar mercadería de diferente peso y/o valor del consignado.

Pero la tramitación de ese expediente también puso a Roberto Hornos en la mira incluso de sus propios colegas. Sobre todo porque junto a su colega en la Cámara de Apelaciones, Carolina Robiglio, acordaron el apartamiento de la causa de un tercer magistrado, Juan Carlos Bonzón, quien se había opuesto a algunos criterios de sus pares en el arranque de la investigación. Uno de los ejes de disidencia era la utilización como prueba de los “baplie”, un documento que inscribe la mercadería de una importación en su lugar de origen de acuerdo a su peso declarado. La diferencia entre esos valores y los constatados en destino por las autoridades aduaneras fue una de las bases de los procesamientos en la causa.

Pero el entredicho con Bonzón no quedó en su apartamiento como subrogante en la Sala B (las dos salas de Penal Económico se integran desde hace tiempo con los mismos tres camaristas por las jubilaciones de otros magistrados) sino que también lo dejaron al margen a la hora de resolver los pedidos recusación que pesaban sobre Hornos y Robiglio. En efecto, tal como se le endilgó en los últimos días al camarista de Casación Mariano Borinsky, sus pares de Penal Económico desecharon los pedidos de las defensas de los imputados para que se corrieran de la tramitación (se les señaló supuesto prejuzgamiento) sin siquiera darle a Bonzón la oportunidad de pronunciarse como tercero sin objeciones. Incluso los dos camaristas fueron objetados por el sindicato del personal de Aduana, que lidera Carlos Sueiro, por haber desechado sin más su propuesta de presentarse en la causa como “amicus curiae” para exponer ante el tribunal sobre las medidas de prueba.

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