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Tomada dio marcha atrás a sus dichos, y en un escrito enviado al juez Norberto Oyarbide le bajó el tono al episodio; dijo que diversos grupos de empleados pudieron salir del lugar y que él decidió permanecer y no despejar la zona para evitar «episodios de violencia».
Veinte días después de la toma del Ministerio de Trabajo, el ministro remitió un cuestionario al juzgado y en el mismo «ratificó en términos generales» la denuncia original que él había ordenado realizar al apoderado de la cartera laboral.
El ministro contó en el escrito que hubo una tanda de empleados que pudo salir por la tarde y otra por la noche -cuando el piquete ya estaba instalado sobre la avenida Leandro Alem y la calle 25 de Mayo-, mientras que un último grupo, que él integraba, abandonó la cartera laboral a las 5 de la madrugada del día siguiente.
Según especificó, consultó con la Policía apostada en el lugar si había alguna posibilidad de despejar la zona, a lo que los uniformados le contestaron que el único camino era utilizar «la fuerza pública».
Dado que en el lugar «había mujeres y niños» Tomada declaró que resolvió permanecer en el ministerio hasta que los ánimos estuvieran más calmados y evitar así posibles «episodios de violencia».
Para la semana próxima, Oyarbide -actualmente subrogado por su par Sergio Torres, ya que se encuentra de licencia- dispuso la declaración testimonial del jefe de seguridad del ministerio y personal de la Comisaría 1ª, con jurisdicción en el lugar, así como también de otros efectivos que estaban a cargo del operativo policial montado en la puerta del edifico de Alem al 600 de esta Capital.
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