En realidad se les prohíbe ser funcionarios y a la vez tener directa o indirectamente todo tipo de cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro en el extranjero. Tampoco pueden poseer títulos, bonos o cualquier otro valor emitido por estados o entidades bancarias o financieras extranjeras.
La iniciativa, que anoche fue al Senado, les da un plazo de 90 días a los involucrados para que procedan a la repatriación de sus activos o presenten la renuncia. Además, a los 30 días de sancionada la ley, todos deberán presentar una inocente declaración jurada donde conste que no poseen bienes en el exterior.
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