Más de Kirchner contra gremios

¿Pagarán Ganancias las suculentas obras sociales, que giran como «sin fines de lucro»? Esta es la pregunta que no deja dormir hoy al sindicalismo argentino. Y tal vez sea la que determine la orientación que tome ese sector frente al gobierno, ya que el jueves de la semana próxima se reunirá el Comité Central Confederal para decidir medidas que se adoptarán en lo inmediato. Como adelantó ayer este diario, la CGT tratará, en su reunión de consejo directivo de hoy, la posibilidad de que todo su encuadramiento impositivo cambie radicalmente. No se trata sólo de que la DGI comience a ser más inquisitiva con los balances de sindicatos y obras sociales. Los sindicalistas comenzaron a advertir que las viejas exenciones fiscales que conseguían automáticamente para sus «cajas» (las obras sociales) ahora son más difíciles (o imposibles) de obtener.

Durante todo el día de ayer, los capitostes más relevantes del sindicalismo argentino se cruzaron llamados telefónicos controlando las últimas novedades de la inquisición tributaria. Confirmaron entre ellos lo que publicó este diario: los balances de las organizaciones gremiales, que eran archivados rutinariamente por el Ministerio de Trabajo, ahora son reclamados por la DGI, que ha remitido a varios sindicatos una colección de preguntas y reclamos.

Ayer, la «interconsulta» agregó novedades más aterradoras para estos apoltronados dirigentes. Muchos de ellos comentaron que, al solicitar a la DGI la renovación en la exención de algún impuesto, no recibieron como respuesta la aceptación automática del pedido. «Eso era antes», le contestaron al gremialista (sector «gordos») que se interesó por la mutación. Ahora, la entidad impositiva también obliga a trámites en los que se promete una radiografía de todo el sistema sindical y, lo que es más interesante, del aparato de salud que está en manos de ese sistema desde la década del '60.

Hugo Moyano deberá afrontar en la reunión de esta tarde el clamor (no demasiado estridente para no alentar inspecciones), de los caudillos gremiales que comenzaron a temer por sus «cajas». Para él es todo un problema. Está desafiado desde dos costados. Por un lado, Susana Rueda entra y sale de la Casa Rosada como si formara parte del núcleo íntimo del gobierno.

Un trato que hasta la aparición de la sindicalista santafesina sólo le concedían a él. Por otro lado, el dirigente camionero se debate en su doble condición de secretario general de la CGT y de titular de un gremio del transporte. Debajo del primer sombrero, de él se espera combatividad y que represente los intereses generales de su grupo. Pero su otro rol, que él concibe como el de jefe de una actividad completa -es decir, representa también a los patrones-, le aconseja ser más prudente. Es que Kirchner y Julio De Vido le vienen dando al sector del transporte de cargas un caudal de subsidios que hasta Roberto Lavagna quiere revisar, según le sugirió en su momento a un grupo de diputados radicales con los que tiene frecuente diálogo. A la vez, Moyano tiene expectativas para dominar el área, desde que Kirchner llegó al poder. No lo logra, claro. Primero presionó para ubicar en Transportes a Guillermo López del Punta, conocido como «el asistente de la Nona» y más tarde, al advertir que López del Punta traía un exceso de antecedentes «noventistas», señaló como su candidato a Abel Fatala. Este aliado y seguidor de Chacho Alvarez ahora fue aproximado a Julio De Vido. Pero no consiguió todavía pasar más allá de esa raya.

Moyano todavía cree tener margen de maniobra para montar en dos caballos al mismo tiempo. Comenzará a evaluar mejor esas dotes hoy, en la reunión con sus pares. Aunque nadie supone que todavía el sindicalismo muestre los dientes contra el gobierno.

Primero, porque una parte del sector supone que el Presidente les concederá lo prometido antes de fin de año: el aumento de las asignaciones familiares; segundo, porque nadie se anima a pensar en un gesto adusto contra la Casa Rosada hasta que no se conozca el resultado de la negociación de la deuda pública.