El Senado retomó el debate de los proyectos de ley que modifican la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal respecto a la duración del cargo del procurador general de la Nación, durante una reunión de comisión a la que fueron invitados especialistas en derecho.
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La decisión de avanzar con la discusión de la reforma a la Ley del Ministerio Público quedó formalizada el jueves pasado, cuando el oficialismo se impuso en una votación durante la sesión del Senado contra el pedido de la oposición para retirar los proyectos en cuestión.
Las iniciativas que comenzaron a tratarse en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta fueron presentadas en diciembre de 2019 por los senadora Lucila Crexell, Movimiento Popular Neuquino, y Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio.
Los senadores opositores pidieron retirar de la discusión del Senado las iniciativas de su autoría pero el oficialismo rechazó la solicitud al considerar que, una vez presentados, pertenecen al pleno del cuerpo, y decidió avanzar con la discusión del tema en comisión.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, convocó para este lunes a las 15 a una segunda videoconferencia a la que invitó a exponer a tres expertos: Alberto Binder presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); el ex fiscal general de la Procuración y abogado de Julio De Vido, Maxiliano Rusconi; y Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.
El primero de los especialistas que brindó su discurso ante los senadores fue Alberto Binder, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la UBA, que además ha sido asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.
Binder argumentó que hay que limitar el mandato del Procurador “porque si es vitalicio contamina todo el funcionamiento de la Justicia”, es por eso que añadió la importancia de “que el funcionario sepa que va a volver al llano”.
En ese sentido, explicó que un modelo es el de un mandato de 4 años y que el Procurador se vaya cuando se va el Gobierno y se debería votar con una mayoría simple. El otro es el de 6 años que requeriría dos tercios del Senado “lo que significaría un fuerte apoyo de las provincias al Procurador quien llevaría adelante el sistema acusatorio”.
Además agregó que no es bueno tener procuradores o jueces muy jóvenes por lo que subiría la edad de entrada y la de salida la pondría en 75 años y en relación a la reelección coincidió con el proyecto de Lousteau y cree que no debería tener reelección inmediata en el caso de los 6 años pero en el caso de los 4 años podría seguir si el Gobierno es reelecto.
También señaló que hay una enorme debilidad en la lucha contra el narcotráfico por los problemas de cooperación entre la Justicia Federal y las provinciales.
Por último, sobre la burocracia en el Ministerio Público Fiscal opinó: “Hay muchos fiscales que se han dedicado a ser operadores políticos o asesores de seguridad de clubes y son cosas inadmisibles en cualquier país”.
“Hay gente que trabaja 5 o 6 horas y el resto está conspirando. No saben trabajar, no saben investigar”, concluyó.
Por otro lado, Daniel Erbetta, Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, aseguró “que los proyectos que se están tratando sólo se enfocan en la periodicidad de los cargos y la remoción pero la cuestión es mucho más profunda que es implementar de una vez el cambio del proceso acusatorio”.
En ese sentido agregó que el sistema federal trabaja de manera “irracional, opaca y sin control” y que los jueces muchas veces “no saben ni qué casos hay en su juzgado porque los llevan adelante los secretarios o sumariantes”.
Para finalizar, señaló que “nuestro sistema judicial viene de la edad media y se llevó a la práctica en la colonia y no puede investigar crímenes del siglo XXI. Es insostenible que las escuchas no dependan de los fiscal”.
Ante los senadores, Rusconi dijo que también le parece "bien la posibilidad de una reelección".
"Tenemos que pensar al Ministerio Público como al organismo que deba relacionase con la víctima, con la sociedad civil, con qué pasa con las instrucciones", explicó.
A la vez, consideró que habría que poner "menos adrenalina en obstaculizar la designación del Procurador y más adrenalina en controlar a ese Procurador".
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