La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci resolvió urgir a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes para que resuelva la situación procesal del exjuez Carlos Vicente Soto Dávila, quien está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero a narcotraficantes a cambio de resoluciones judiciales favorables.
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Soto Dávila fue juez federal de Corrientes con competencia electoral y penal durante casi 23 años. Fue procesado a fines de 2018 por "vender" fallos a narcos.
En febrero de 2019 debía recurrir al Consejo de la Magistratura para afrontar las denuncias por mal desempeño, pero renunció a su cargo y eludió el proceso. La renuncia fue aceptada por la entonces vicepresidente de la Nación Gabriela Michetti y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El 11 de septiembre de 2019 el juez a cargo del juzgado federal nº2 de Corrientes había dictado el procesamiento del secretario del juzgado Pablo Molina por las escuchas ordenadas en los teléfonos de su pareja y su exnovio, en tanto dictó la falta de mérito del ex magistrado. El Ministerio Público Fiscal apeló la resolución, pero sucesivas demoras y excusaciones hicieron que a casi dos años de esa resolución la Cámara Federal de Corrientes no haya resuelto la situación procesal de Soto Dávila.
Al encontrarse constituida la Cámara Federal de Corrientes para de resolver la incidencia, los jueces Slokar y Yacobucci ordenaron que imprima celeridad al trámite del legajo de apelación y urgieron su pronta resolución.
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