No hay solución electoral

Aunque Duhalde, al menos, de buena fe quiera elecciones honradas y en los tiempos previstos nada se lo facilita. No hay solución sin arriesgar el país a un presidente débil y surgido de minorías, lo cual lo colapsaría aun más. Otras soluciones no son constitucionales.

Para las internas no podría excluirse a los afiliados a otros partidos y dejar votar sólo a los independientes y a los afiliados al propio partido. Simplemente porque no hay padrones serios para hacerlo. Si se sacara a todos los afiliados ajenos y también a los independientes -violando el espíritu de la Ley de Reforma Política de la Ley de los Partidos porque se trataría de una interna «cerrada»-, tampoco podrían hacerse esos comicios porque, aun referidos sólo a afiliados propios, los padrones son fraudulentos. Sólo el justicialista de la provincia de Buenos Aires supera el millón y medio de «afiliados», nunca se actualizó desde 1983 y no se cree que las reales afiliaciones que fueran hoy ratificadas llegarían a 400.000 o 500.000. Un padrón así adulterado desvirtuará cualquier «interna» que abarque al justicialismo de todo el país.

Claro, frente a la casi segura imposibilidad de internas apareció la Ley de Lemas y que se dirima allí, sin que exista «voto travesti» de un partido a otro, porque se evitaría la interna del 24 de noviembre (van todas las fórmulas que quieran a los comicios del 30 de marzo pero se suman los votos a las fórmulas más votadas de cada partido). El salteño Romero tiene su idea y dice «que cada fórmula del justicialismo» lleve los símbolos partidarios (escudo, fotos de Perón, etcétera). Supera a la Ley de Lemas, que es anticonstitucional, como lo dice el radicalismo más serio. La Constitución señala que a la segunda vuelta van «las dos fórmulas más votadas», supone que no se pueden sumar votos de fórmulas distintas para calcular el respaldo de cada partido. Además, esa Constitución reformada establece el voto «directo» (para eso se suprimió el Colegio Electoral) y sería «indirecto» si el voto a un candidato terminara sumándose a otro.

Por todo esto se pensó en el proyecto Romero, con todas las fórmulas pero sin agrupar votos para que se mantenga el carácter de «directo» y que vayan a segunda vuelta constitucionalmente «las dos fórmulas más votadas», sean del mismo o de distintos partidos. Esto sería constitucional.

Pero ¿qué pasaría? El justicialismo se presenta con 5 candidatos encabezando fórmulas distintas. Cada uno obtendría, digamos, 10% aproximadamente y representaría un triunfo histórico con 50%. Pero resulta que a la segunda vuelta podrían ir sólo la fórmula de Rodolfo Terragno, porque logró 11%, y Elisa Carrió, porque tuvo 12% en el ejemplo. El presidente de la Nación futuro surgiría de la preferencia política de apenas 23% de los ciudadanos y podría ser primer magistrado alguien que inicialmente lograra 11% o 12%. Un escándalo. Se derrumba el país.

No hay solución. No se puede hacer un plebiscito para que la gente opine si se pueden sumar votos de fórmulas distintas del mismo partido porque el derecho del ciudadano a plebiscitar está incluido en la Constitución pero dice que