La Presidente Cristina de Kirchner afirmó que el reciente fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, en favor de los bonistas conocidos como "me too", le representa a la Argentina tener que pagar 20.000 millones de dólares a los fondos buitre, lo que equivale a "más del 50% de las reservas", y que puede "tirar abajo la reestructuración de la deuda" del 93% de los acreedores privados que ingresaron a los canjes de deuda.
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Al hablar en el acto de conmemoración del Día de los Derechos Soberanos sobre las Islas del Atlántico Sur, en el Museo Malvinas, Cristina alertó que a partir del fallo de Griesa "no sería raro que algún juez de la misma jurisdicción dijera que también hay que pagarle al 93 por ciento de los acreedores en las mismas condiciones (que pregona el fallo de Griesa) tirando abajo la reestructuración de deuda".
La Presidenta, que introdujo el tema recordando que el próximo 16 de junio se cumple un año de que la Corte Suprema de Estados Unidos ignoró tratar la apelación argentina, hizo referencia al fallo conocido la semana pasada en el que Griesa se manifestó a favor del pedido de los bonistas que no entraron al canje, conocidos como "me too", y les permitió ser incluidos en el litigio que enfrenta Argentina con los fondos buitre al dar vía libre a las 36 acciones adicionales que se presentaron en audiencia pública.
"Hace pocos días se cumplió lo que habíamos anunciado: incorporaron a otros fondos buitre y ya no son 1.600 millones de dólares, hoy son 20.000 millones de dólares que hay que pagar", enfatizó la Presidenta.
En ese sentido, Cristina fustigó a "algunos argentinos que son candidatos" en los comicios nacionales de este año que "decían que el país debía pagarles a los fondos buitre, que eran apenas 1.600 millones de dólares que permitirían acabar con los problemas".
En aquella negociación tras el fallo inicial de Griesa, Cristina recordó que el Gobierno sostuvo "en diversas reuniones que mantuvo con los fondos buitre y sus representantes que la Argentina no podía pagar esa suma, no sólo por la usura inaceptable sino por la afrenta a todos los que habían confiado en el país y eran casi el 93 por ciento de sus acreedores".
"Vamos a sostener una y mil veces que estamos dispuestos a pagar al 100 por ciento de nuestros acreedores en condiciones legales, legítimas y equitativas para todos", reiteró la Presidenta pero advirtió que "si se accediera a pagar en aquel momento hoy tendríamos que estar pagando 20.000 millones o emitiendo bonos, aunque el juez ordena pagar al contado", lo que equivale a más de 50% de las reservas, enfatizó.
Las reservas argentinas se ubican hoy en los 33.801 millones de dólares, según los últimos datos que aporta el Banco Central.
En ese sentido, se preguntó qué noción de justicia y equidad sería pagarle al 7 por ciento de los acreedores lo que representaría casi la mitad de lo que le ya se pagó en bonos y efectivo al 93 por ciento del resto de los acreedores.
Y aún en esa hipótesis, Cristina advirtió que "así como un juez reinterpretó la cláusula del pari passu para favorecer a quienes tuvieron mayor poder de presión, de extorsión, no sería raro que algún juez de la misma jurisdicción dijera entonces entonces que también hay que pagarle al 93 por ciento en las mismas condiciones, tirando abajo la reestructuración de deuda.
En este punto, volvió a referirse a "la responsabilidad de los dirigentes políticos" al entender que "este tema de la deuda no es sólo una cuestión económica y financiera, es esencialmente una cuestión de subordinación política, de sojuzgamiento político para seguir aplicando políticas neoliberales que solo llevaron al desastre".
Tras el fallo de la semana pasada, el Gobierno anticipó que presentará una nueva apelación ante el Segundo Circuito de Nueva York frente a lo que consideró un nuevo "fallo insólito" y "a favor de los fondos buitre" del juez Griesa, acerca de los holdouts que quieren plegarse a la sentencia original del "pari passu".
El Gobierno interpretó en ese momento que estos demandantes son los mismos fondos buitre que ya obtuvieron una orden similar en el pasado, pero que ahora se disfrazan en nuevas causas como "me too", con el objetivo de generar más presión y la pretensión de multiplicar la estratosférica ganancia que les ofrece el juez Griesa.
