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El hambre y la falta de toda cobertura sanitaria, que muy pocos años atrás visualizábamos como el drama de los países más sumergidos de Africa y América Central, hoy golpean cruelmente a millones de argentinos. Y cuando se trata de niños, como se sabe, esas privaciones lastiman irreparablemente su posterior desarrollo psicofísico. Se trata de una situación que sólo admite una respuesta, impostergable y perentoria, que es garantizar alimentación y atención sanitaria adecuadas a 8 millones de compatriotas que carecen de ellas. Simultáneamente, nos aplicaremos, por supuesto, a recrear actividad económica generadora de empleo genuino, dentro de la cual el salario pueda sustituir la asistencia del Estado. Quienes integrarán nuestros equipos de gobierno están trabajando aceleradamente en planificar, organizar y procurar financiamiento a ese Plan Nacional de Emergencia Alimentaria y Sanitaria con el que vamos a atender las consecuencias más urgentes de la crisis social. Se trata de una iniciativa pensada como transitoria y de emergencia, en tanto se ponen en marcha políticas de crecimiento que permitan reconstituir el empleo, los ingresos familiares y las estructuras permanentes de contención social del Estado.
Todo esto plantea desafíos organizativos, económico-financieros, logísticos, jurídicos y políticos de considerable complejidad. Desafíos cuya dificultad se acentúa por la situación en que se recibirá el gobierno, la cual impondrá la adopción de medidas de sinceramiento económico insoslayables.
Se heredará, en efecto, y sin beneficio de inventario, un cuadro de inflación reprimida, atraso de tarifas, demora en la inversión pública y deudas del Estado largamente debidas. La consecuencia de todo esto es adicional estrechez presupuestaria y dificultad para aumentar el gasto social. Como ocurre con frecuencia en el marco de una crisis, esto obligará a decisiones de emergencia quizá contradictorias, aunque sólo de modo circunstancial y transitorio, con la orientación estratégica establecida. Así, por ejemplo, aunque no pensamos oportuno aumentar el endeudamiento del sector público, deberemos gestionar con urgencia fondos externos para el Plan de Emergencia social.
Y, en otro orden, aunque creemos que el asistencialismo del Estado no es el camino para el desarrollo social sostenido, llevaremos a cabo un enérgico programa transitorio de asistencia. En la misma línea de ideas, asignaremos la responsabilidad del Plan Nacional de Emergencia Alimentaria y Sanitaria a una agencia del Estado ad hoc, distinta de la estructura administrativa convencional, aun cuando estemos resueltos a imponer una sustancial reducción en el tamaño y complejidad actual de la administración central.
El plan tiene, al igual que la demanda social a ser atendida, carácter transitorio y de emergencia. En función de esto, es preciso que cuente con instrumentos que permitan ejecutividad y respuesta inmediata. Consideramos necesaria, por eso, aquella estructura ad hoc, que deberá tener las características siguientes:
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