Nueve diputados iniciaron ayer juicio político a Fayt

La Comisión de Juicio Político de Diputados declaró ayer admisible el juicio político contra el juez Carlos Fayt y le facilitó así al gobierno una herramienta indispensable para presionar a la Corte, en vísperas de que el máximo tribunal trate la redolarización de los depósitos. Lo acusan de no haber declarado un plazo fijo bonificado de 200 mil dólares. El pronunciamiento, fogoneado por el duhaldismo y con el beneplácito del kirchneriano Sergio Acevedo, hizo recordar la embestida contra los 9 ministros que lanzó el Ejecutivo en febrero pasado, tras el caso Smith que consideró inconstitucional el «corralito» financiero. No hace falta recordar que el mismo Eduardo Duhalde terminó desactivándola un semestre más tarde, cuando mantener en jaque a la Corte hacía peligrar cualquier negociación con el Fondo Monetario y el reclamo de decapitación masiva se había transformado en un bumerán. Es posible que la movida por mal desempeño contra Fayt tenga un final similar: tendrá que afrontar un largo trámite de un par de meses (oficios, apertura a prueba, testimonios, etcétera) y, si prospera, reunir 2/ 3 de votos de los legisladores en el plenario para trasladar la acusación al Senado, donde se condena o se absuelve. La gran diferencia es que, en esta oportunidad, no se plegaron Elisa Carrió -muy a gusto con el traje de verdugo en Tribunales, pero que se excusó de participar del cónclave de la víspera-, el socialista Héctor Polino y hasta el mismo número 2 de la comisión, el peronista tucumano Ricardo Falú, quienes quieren quedar afuera de cualquier ayuda «non sancta» al cacique de Lomas de Zamora. Ya experimentaron el escarnio de haber ido a fondo contra el noneto de magistrados, siendo involuntariamente funcionales al oficialismo que ya había sacado provecho del auxilio y estaba en plena contramarcha. Acevedo se encargó en Juicio Político de informar que «Carrió me llamó por teléfono para avisar que no podía venir y que no está de acuerdo con la oportunidad para discutir la admisibilidad de estas presentaciones». Todo un síntoma. La frepasista Nilda Garré; el delasotista Eduardo Di Cola; el duhaldista José María Díaz Bancalari y los radicales Juan Mingues, Carlos Iparraguirre y Fortunato Cambareri reincidieron en aprestos contra la cabeza del Poder Judicial. Es evidente que no temen quedar pegados a una operación parlamentaria que muchos atribuyen al tejido de Eduardo Camaño, y a la que no parecen ajenas las conversaciones de Duhalde con Néstor Kirchner, jefe político del titular de la comisión. Desde el punto de vista reglamentario, la resolución de ayer no merece reparos. Esperaron el tiempo prudencial antes de iniciar la deliberación y terminaron con un quórum mínimo, una hora más tarde. De todas maneras, hay algunos aspectos cuestionables, por ejemplo, cómo se pudo tomar una decisión de semejante envergadura con menos de un tercio de los miembros de la comisión, apenas 11 sobre un total de 31, y no con la mitad más uno, es decir, 16. Sin contar que tampoco se hizo por unanimidad, pues -paradójicamente- el autor del primer pedido de enjuiciamiento, Falú, propuso postergar el tratamiento hasta febrero. «Me parece que no hay clima para debatir hoy (por ayer) si avanzamos o no con esta iniciativa», comenzó el vice de la comisión. «Así como no podemos permitir que las sentencias estén sospechadas de intentar desestabilizar a un gobierno o a un país, los juicios políticos no deberían estar teñidos de sospechas de que sirven para presionar a la Justicia», abundó Falú en tono más que prudente. No fue la única voz que desentonó con la mayoría de 9 que clamaba por la guillotina contra el decano de la Corte. Polino se acopló a Falú, convencido de que esa posición podía predominar en el cuerpo. «Sin abrir juicio sobre el fondo de la cuestión, considero que constituye un apresuramiento resolverla ahora», largó el primer párrafo. «Esto requiere un estudio; además, esta reunión se hace pocos días antes de finalizar el año y con un tercio de los integrantes de la comisión», siguió el heredero de Alfredo Palacios. Di Cola, que no escarmentó con la frustración de haber pretendido ajusticiar a un tribunal que ya había sido amnistiado de facto por el gobierno, les pidió a sus antecesores que revieran los fundamentos. Falú y Polino -que se quejaba por el apuro en cargar contra Fayt, a pesar de que le habían dado una copia de las denuncias 5 minutos antes- se mantuvieron inconmovibles a los reclamos de sus compañeros. La ex chachista Garré, autora del segundo pedido de juicio político (el tercero pertenece al abogado Ricardo Monner Sanz), salió al cruce del socialista, después de que éste mencionara que podía entenderse que había camuflada una presión contra los jueces. «No es como vos decís», lo toreó Garré, flanqueada por la correntina Araceli Méndez de Ferreyra. La última adquisición del ala duhaldista del Congreso para Juicio Político, Carlos Alberto Martínez, subió los decibeles y habló de «no perder esta oportunidad». El radical Iparraguirre lo acompañó en la prédica, que pavimentó Díaz Bancalari con su habitual dureza. El caudillo de San Nicolás impulsó que a Acevedo se le dieran poderes especiales para diligenciar oficios y acelerar el trámite del enjuiciamiento, durante el habitual receso de verano. «Hay que ganar tiempo», abogó Díaz Bancalari, minutos antes de que su comprovinciano Jorge Casanovas emprendiera la retirada. «Aquí no hay oportunismo de la comisión, porque las denuncias son previas, y es responsabilidad de la Corte que se haya filtrado información sobre Fayt», argumentó memorando sus épocas de asesor letrado de los metalúrgicos de SOMISA. A esa misma hora, la Comisión de Acuerdos del Senado alentaba la promoción del presidente provisional Juan Carlos Maqueda a la silla que dejó vacía Gustavo Bossert en el Corte, a instancias del Ejecutivo.

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