El gobierno de Mauricio Macri quizá sea el primero, de los porteños, que arranca la gestión con demandas judiciales en catarata. Eso es lo que le prometen ahora los sindicalistas a la administración de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar individualmente por los empleados a los que el jefe porteño dio de baja el 31 de diciembre pasado, a veinte días de haber asumido su puesto.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Varias reuniones entre sindicalistas y funcionarios mantuvieron ayer atento a Mauricio Macri, quien le repite a su plantel que no va a dar marcha atrás en el caso de los 2.300 despedidos. Pero el Gobierno porteño ya comenzó a inquietarse, no porque tema otra movida sindical, sino por la vía judicial que promete comenzar a atascarse con la lluvia de acciones de amparo promovidas por los gremios de empleados municipales.
Macri ahora contempla dos frentes de tormenta: uno con el sindicato chico, ATE, el de los trabajadores estatales que pasaron a la Ciudad con la transferencia de servicios como hospitales; por otro, el sindicato grande, Sutecba, que maneja además la obra social semiintervenida por las amarañadas normas (ley y disposición judicial). Los negociadores, en este caso el principal es el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, de todos modos saben que la puja entre los gremios puede beneficiarlos.
Pedido
Por eso ayer el ministro estuvo por su lado con los caciques de ATE y otros referentes de ese gremio con funcionarios del ministro. Le pidieron que ATE participe de la confección del censo que se hará a todos los empleados del Gobierno porteño, según reza un acta acuerdo suscripta por Sutecba y la administración macrista. También, claro, reclamaron por despedidos que no fueron reincorporados tras el fallo judicial de Elena Liberatori, la magistrada que tres veces seguidas desandó las medidas políticas de Macri.
Por cierto, el fallo de la jueza respondió a una presentación de ATE, mientras que Sutecba comenzó otro recorrido por los tribunales para también amparar a las 2.300 personas que tenían un contrato de empleo público que venció el 31 de diciembre y que, para el gobierno macrista son «ñoquis» o «realizaban tareas irrelevantes», según reitera Horacio Rodríguez Larreta.
Hoy, representantes de Sutecba, el sindicato que conducen-Amadeo Genta, Patricio Datarmini y Alejandro Amor-tendrán la primera reunión con representantes del Gobierno porteño para avanzar en relación con el censo.
Promesa
Pero piensan llegar a ese encuentro una vez que los abogados sindicales estén recorriendo los tribunales porteños donde han prometido presentar 200 acciones de amparo en representación de cesanteados.
Se trata de una tanda de contratados, que sigue a recursos que la semana pasada ya se resolvieron a favor de los empleados. Fueron sólo algunos casos individuales y amagan con que habrá más. Sin embargo, el Gobierno porteño asegura que de los 2.300 despedidos «solo 20% se presentó a trabajar», por la disposición de Liberatori, que le impuso a Macri reincorporar a los despedidos.
Lo cierto es que en la Justicia ya existen casos anteriores a la gestión de Macri que han conformado jurisprudencia y sobre los cuales hacen el reclamo los gremialistas.
Uno de esos casos se refierea la situación de un inspector cuyo contrato se dio por terminado. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia (la Corte porteña) que consideró que no se podía cesantear al empleado, aun no siendo parte de la planta permanente. Hasta la Defensoría del Pueblo tomó ese expediente para hacer recomendaciones en su momento al gobierno de Aníbal Ibarra.
Dejá tu comentario