Nulidad de leyes ahonda fractura en PJ legislativo

El gobierno de Néstor Kirchner ya logró dividir el bloque peronista de Diputados. Ayer, la fuerte polémica interna por la eventual anulación de las leyes del perdón dejó un doble saldo negativo para el oficialismo: por un lado, un profundo enfrentamiento de kirchneristas (grupo Talcahuano, más la conducción del bloque y algunos aliados sorpresa como el salteño Juan Manuel Urtubey) versus el resto del mundo que se opone a voltear la Obediencia Debida y el Punto Final; por el otro, un jefe de bancada, José María Díaz Bancalari, con cotización en baja. Se suma a este cuadro la negativa rotunda de los senadores PJ a votar cualquier anulación. «Es un disparate, hasta el tribunal de disciplina de la AFA lo declararía inconstitucional», advirtió Jorge Yoma. Tal cual adelantó este diario, el duhaldista que mejor sintoniza con el Ejecutivo intentó imponer su criterio -el del gobierno, claro- de que la única alternativa era anular por ley las normas para habilitar juicios contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Díaz Bancalari entendió que la negativa de la Corte, anunciada por Carlos Fayt, a tratar la constitucionalidad de estas leyes en el corto plazo no dejaba otra salida que trasladar el debate al Congreso. A pesar del entusiasmo, no pudo superar la oposición mayoritaria de sus compañeros y debió postergarse la definición hasta hoy al mediodía con la excusa de que se analizarán una propuesta de anulación -encomendada por el responsable de la bancada a la experta María del Carmen Falbo (quien, curiosamente, no comparte esta orientación)-, y otra de declaración que elaborarían la menemista Alejandra Oviedo y el duhaldista Jorge Casanovas, en disidencia. La UCR se juramentó a rechazar a cualquier proyecto que anule estas u otras leyes. • Envalentonado «Acá bajamos con un proyecto sí o sí a la sesión especial del martes que viene; mañana, lo consensuamos y listo», se envalentonó Díaz Bancalari, decidido a dar el debate en el plenario pedido por Patricia Walsh (Izquierda Unida), destinado a anular la Obediencia Debida y el Punto Final, declararlos inconstitucionales (algo que sólo puede hacer la Justicia) y, de paso, dejar sin efecto los indultos de Carlos Menem a los comandantes en jefe de la dictadura. A coro, quienes consideran improcedente avanzar sobre jurisdicción de Tribunales lo frenaron en seco: «Primero, tenemos que definir si tenemos facultades para anular leyes o si bajamos sin unificar posiciones porque no todos pensamos igual». Díaz Bancalari debió volver sobre sus pasos y disponerse a escuchar una fuerte andanada de cuestionamientos surtidos. Quedó la impresión de que la continuidad del nicoleño al mando de la escudería, más allá del 10 de diciembre, está condicionada, sobre todo, si se tiene en cuenta que, en nombre de la provincia de Buenos Aires, desembarcarán Hilda Chiche Duhalde o Alfredo Atanasof. La ex primera dama declaró en la víspera que «hay temas que deberían quedar en el pasado», en alusión a esta querella nacional. Otro duhaldista, más disciplinado al PJ de Lomas de Zamora que el ubicuo Bancalari, hizo un planteo político. «¡Cómo puede ser que nos corra la Walsh, una mujer que no heredó los genes de su padre (en referencia al desaparecido escritor Rodolfo Walsh) y que odia al peronismo!», sobreactuó indignación el bibliotecario Lorenzo Pepe. Casanovas, exponente de la rama jurídica del justicialismo bonaerense, dio argumentos técnicos contundentes. «El Congreso está para sancionar leyes, derogarlas o modificarlas; no para anularlas», adoctrinó el ex juez. «Además, si pretendiéramos hacerlos, terminaríamos enfrentando un recurso de inconstitucionalidad por la anulación ante la Corte Suprema, que debe expedirse en este tema», concluyó Casanovas, sin encontrar refutadores a mano. Lo acompañó en sus conclusiones otro duhaldista diplomado en Derecho y muy amigo de los militares, Jorge Villaverde. La misionera Celia Isla de Saraceni se animó, quizá por su bajo perfil mediático, a decir en voz alta lo que muchos hubieran querido. «Sería mejor si el Ejecutivo nos dijera con claridad qué es lo que quiere», desafió. La menemista Alejandra Oviedo reivindicó «a los muertos y desaparecidos del peronismo», pero memoró que «hay una política de Estado que busca la reconciliación y darles un rol a las Fuerzas Armadas». En sintonía con la delegada riojana, varios presentes evocaron la figura de Juan Domingo Perón y su visión estratégica en el ámbito castrense. Con picardía, Oviedo agregó: «Menem y Duhalde coincidieron en el proceso de pacificación que incluyó los indultos, la repatriación de los restos de Rosas y, finalmente, el perdón presidencial de Duhalde a Enrique Gorriarán Merlo y Mohamed Alí Seineldín, quizás porque vislumbraba lo que se venía». Carlos Brown, adscripto al duhaldismo, se preguntó: «¿Por qué no se hizo explícita esta política militar durante la campaña electoral?». Sin identificar a los provocadores, Brown advirtió que «quieren dividir al justicialismo en un momento en el que todos tenemos que tirar para el mismo lado». • Nuevo argumento Los que objetaron con severidad la eventualidad de la anulación dejaron trascender que «estamos dispuestos a bajar a la sesión del próximo martes, si eso lo decide la mayoría». Repitieron la conveniencia de inspirarse en el Pacto de La Moncloa que cerró una etapa de desintegración en España y no se privaron de señalar que el gobierno de José María Aznar no está muy de acuerdo con la embestida del juez Baltasar Garzón. El ultraduhaldista Daniel Basile introdujo un nuevo argumento contrario a la anulación. «Hay que tener en cuenta el costo pecuniario que deberá pagar el Estado, si se reabren causas», pensó a viva voz. Algunos de sus pares comentaron que «la cuestión de los derechos humanos es muy trascendente, pero hay problemas urgentes como el de la pobreza y todavía debemos acordar con Roberto Lavagna la agenda parlamentaria». El testimonio más conmovedor, por supuesto, lo dieron aquellos que sufrieron en carne propia la persecución. El santafesino Angel Baltuzzi, único exponente del grupo Talcahuano que soltó amarras en esta discusión, insistió en que «no hay que hablar desde el odio, por más doloroso que resulte este debate. Pero -abundó- quiero dejar sentada mi posición de que carecemos de facultades para anular las leyes». El resto de los kirchneristas defendió la nulidad, en compañía del romerista Urtubey. Ricardo Falú evocó el tratado que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, que serviría de fundamento para anular las leyes del perdón. El santafesino Julio Gutiérrez clamó que «no podemos negarnos al debate en el recinto». No escapa a los más oficialistas que el martes que viene, el mismo día de la sesión especial que propicia Walsh, habrá una marcha de organizaciones de derechos humanos y activistas de izquierda. Muchos PJ temen ser víctimas de un escrache de sectores que apoyan a Kirchner. El jujeño Julio Moisés pretendió distender el clima tenso, aunque terminó poniendo en apuros al veterano Oraldo Britos. «Tengamos cuidado: no sea cosa que empiecen a abrir procedimiento contra compañeros nuestros -sonrió-; por ejemplo, recuerdo que cuando yo militaba en Montoneros, Oraldo estaba bajo las órdenes de Isabel.» El sanluiseño debió tomarse una hora para dar explicaciones. «Yo era, soy y seré peronista», intentó sintetizar las excusas.

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