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De esta manera la OA se sumó como parte acusadora en una causa que ya tramitaba previamente ante el juez federal Sergio Torres y en la que se investigan supuestas irregularidades en el contrato de alquiler entre Lotería Nacional y empresas que administran los predios del hipódromo.
En el expediente se analiza el presunto pago de sobreprecio en el alquiler de doce mil pesos mensuales por un solar de cuatrocientos metros "de frente sobre la Avenida del Libertador, con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados de parques y jardines", según se indicó.
En esa zona funciona el salón de eventos Tattersal y un restaurante.
Según se desprende del expediente el contrato original fue firmado en 1994 entre la Asociación Argentina de Fomento Equino, pero mediante diversas sublocaciones el contrató terminó recayendo en una firma que en mayo de 2003 renovó el contrato por diez años más.
El pago acordado fue de doce mil pesos mensuales, pero según un informe elaborado por el Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), el precio debería rondar los 70.000 pesos.
"¿Cuáles fueron los parámetros para establecer la razonabilidad de este valor? La respuesta que surge de las actuaciones analizadas es que no existieron dichos parámetros, y por ello cabe concluir con un alto grado de certeza que ese valor resulta arbitrario, sin ningún fundamento", se preguntó el coordinador de investigaciones de la OA, Juan Carlos Duré.
En la causa consta además un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el que se destaca que se trata de un "espacio excepcional, probablemente único en Buenos Aires, cuyo valor locativo no está sujeto a las valoraciones normales del mercado".
"El valor de locación de 12.000 pesos por el uso y explotación del restaurante y por el edificio del Tattersall al menos no respeta el valor real de esas edificaciones y, en definitiva, beneficiaba a las empresas que comenzaron a realizar esa explotación comercial", sostiene el escrito de la OA.
El organismo indicó además que "las autoridades de Lotería Nacional habrían volcado sobre el negocio descripto una pretensión de parte no administrativa, propugnando los intereses de las locatarias al beneficiarlas indebidamente, y violando de esta manera los deberes de imparcialidad que caracterizan la actuación de todo funcionario público".
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