No resistirá el gobierno una jura de Luis Patti en la banca de diputado que ganó en las urnas en 2005 si lo permite un fallo a salir de la Corte Suprema (será sobre Antonio Bussi, pero le extendería jurisprudencia). No es que haya desmontado ese peregrino tribunal de alzada con el cual el kirchnerismo examina si el voto popular acierta o no. Es que teme ser víctima de una represalia cuando en diciembre intente asumir el legislador ya electo Aníbal Ibarra. Los críticos de éste buscarán el escarnio de los padres de Cromañón e intentarán que en el recinto se le extienda la doctrina Patti. El ex comisario es investigado por presunto encubrimiento de un militar prófugo; a Ibarra se lo destituyó como culpable político de la tragedia de Cromañón, aunque la Justicia hasta ahora no lo procesó. ¿De qué se quejaría el gobierno si le frenasen el ingreso de Ibarra, aunque fuera por represalia, cuando las responsabilidades de Patti parecen menores y también fue víctima de otra represalia, la del kirchnerismo, cuando le reprocharon el pase de Eduardo Borocotó?
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