Encaprichado, el kirchnerismo formuló ayer una nueva impugnación contra Luis Patti, esta vez por haberse presentado como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Planteo que finalmente resultó improcedente ya que la Junta Electoral bonaerense habilitó al jefe de Paufe para ser candidato. Tercos, y sin contemplar que la Justicia podría dejar sin efecto, a través de un fallo de la Corte Suprema, la impugnación del diploma de diputado electo del ex intendente de Escobar, legisladores del Frente para la Victoria volvieron a embestir contra el jefe del PAUFE.
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Organismos de derechos humanos, diputados kirchneristas y familiares de víctimas del último gobierno militar afirmaron ayer que la impugnación contra la candidatura a gobernador de Patti se presentó ante la «gran cantidad de pruebas que existen en su contra», que lo relacionan «con el genocidio y las torturas» durante la última dictadura militar.
Ignoraron, sin embargo, que el actual estado de derecho requiere una sentencia firme condenatoria para acusar a alguien por cualquier delito.
Pruebas
«Impugnamos la candidatura de Patti al cumplirse un mes de su presentación formal, no lo hacemos por su potencialidad electoral, sino porque es una vergüenza, porque hay pruebas muy graves en su contra por delitos muy serios», resaltó el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y operador de la Casa Rosada, Horacio Verbitsky.
En conferencia de prensa, el periodista se mostró confiado en el avance de la impugnación contra Patti y aseguró que espera que la Junta Electoral Bonaerense inhiba al ex subcomisario teniendo en cuenta el derecho internacional, «que plantea que no es imprescindible que exista una condena judicial para impugnar a alguien electoralmente».
Verbitsky señaló que «la condena no es la única vía para descalificar electoralmente a un candidato», y remarcó que el Comité de Expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron jurisprudencia en este sentido.
Al explicar los motivos de la presentación, expresó que también espera que la Junta Electoral tome en cuenta la decisión de la Corte Suprema en torno al caso de Antonio Bussi, ya que determinó que «la Cámara de Diputados no tenía facultades para impedir su ingreso al Congreso, porque el pedido de impugnación debería haberse realizado antes de las elecciones».
«En este caso, la impugnación la estamos realizando antes de que lleven a cabo los comicios, por lo que somos optimistas en cuanto a la decisión de la Junta Electoral», advirtió Verbitsky.
No obstante, admitió que «no se sabe» cuándo se tendrán novedades sobre el pedido, ya que la Justicia debe analizar previamente otras presentaciones similares en contra del ex intendente de Escobar, realizadas por otros frentes.
Causas abiertas
El diputado nacional Claudio Lozano, quien también acompañó el pedido ante la junta bonaerense, aseguró: «Estamos convencidos de que ningún torturador puede legislar y de que tampoco ningún genocida puede gobernar». En la misma línea, Ana Claudia Oberlin, abogada de H.I.J.O.S, remarcó que «por lo menos cinco jueces federales intervienen actualmente en causas contra Patti».
Los dirigentes expusieron sus argumentos en el edificio del CELS, en Piedras al 500 de la Capital Federal, donde también estuvieron familiares de «víctimas de Luis Patti», entre ellos, los hijos de Diego Muniz Barreto, las hermanas de Osvaldo Cambiaso y los hijos de Gastón Gonçalves con los diputados kirchneristas Diana Conti y Remo Carlotto.
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