¿Otro bocado para hacer campañas?

Sobre que los planes de vivienda social han sido caballitos de batalla en las campañas electorales hay sobrada experiencia política: desde la reactivación del FONAVI hasta el Plan Federal de Viviendas, pasando por la reubicación de hogares de indigentes. Toda una constelación de iniciativas destinadas a electorados heterogéneos, cuyo sostén financiero son las cuentas públicas. La cifra de 4.600 millones de pesos anuales de recaudación por aportes de los uniformados -sin contar los recursos acumulados sujetos a capitalización-estaba fuera del circuito político. Hasta ahora. Hay una larga lista de peticionarios de crédito, grandes empresarios del sector aerocomercial, entidades bancarias de primer nivel, «desarrolladores» inmobiliarios y otros brokers que se han interesado por años en financiar sus operaciones con las utilidades del IAF. La ley de creación del Instituto no lo impide, siempre que cuenten con la garantía del Estado. Aunque la cautela de la conducción militar en el manejo de los aportes rechazó esas peticiones. Nadie quiere recrear el quebranto que ya sufrieron a manos de un beneficiario del sistema, el entonces presidente de facto, Juan Carlos Onganía. Fue el primero (y el único) en utilizar recursos del IAF (Decreto Nº 437/69 «S») para financiar el gasto público. Esa cifra es hoy una acreencia respecto del Tesoro nacional de nada menos que 12.424.866.277 pesos.