Los quince miembros del tribunal internacional de La Haya, que entre el jueves y el viernes pasados escucharon los alegatos de la demanda argentina contra Uruguay por la instalación de las papeleras en Fray Bentos, comenzarán hoy a analizar los fundamentos de las presentaciones realizadas por ambos países. De esta manera, la Corte podría expedirse antes del 15 de julio (aunque el tribunal tiene en lo formal un plazo de tres meses, lo haría previamente al inicio del período de receso). Respecto de la medida cautelar de suspender por 90 días la construcción de las plantas de ENCE y Botnia, haciendo lugar al planteo argentino en relación con el daño «irreparable» que provocará el funcionamiento de las pasteras y a la «violación del Tratado del Río Uruguay» suscripto en 1975.
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Con todo, el contraataque del viernes sirvió para que los integrantes de ese máximo tribunal pudieran reunir finalmente todos los elementos y documentación que permitirán determinar el futuro de la controversia entre la Argentina y Uruguay.
Los letrados de la parte demandante reafirmaron en La Haya que Uruguay no ha realizado un estudio de impacto ambiental adecuado ni consultado a su país vecino antes de aprobar las dos fábricas de papel que los enfrentan, y que su construcción debe -entonces- ser suspendida mediante una medida cautelar.
Otra opción, aseguran los expertos argentinos, es que el tribunal dicte una medida provisional a modo de «salida intermedia» al conflicto, ordenando a Uruguay a profundizar los estudios de impacto acumulado mientras analiza el planteo de fondo, la hipótesis de máxima: que las papeleras no puedan se construidas.
La directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, que encabezó la delegación integrada por 17 expertos en medio ambiente, concluyó su exposición el viernes pidiendo a los jueces la suspensión cautelar de las obras, al considerar que «ya se ha demostrado que Uruguay no respetó la obligación de mantener consultas bilaterales establecidas en el Tratado de 1975, pese a que se había comprometido a ello».
En las dos horas de audiencia en el Palacio de la Paz, Ruiz Cerrutti reiteró: «La reticente actitud de Uruguay para brindar información sobre las plantas cada vez que así se solicitó». En ese marco, enumeró que «aún no explicaron por qué se eligió el río Uruguay para instalar ambas pasteras y tampoco informaron sobre el grado de contaminación que tendría ese caudal de agua». Ante la Corte en pleno, volvió a plantear el concepto de «daño irreparable», ya que el perjuicio que traerá el funcionamiento de las pasteras «recae sobre el medio ambiente y su población», argumento que también sustentó a su turno la abogada por el gobierno de Entre Ríos, Romina Picolotti. Frente a este escenario, la delegación argentina dejó los Países Bajos el fin de semana con la sensación de haber refutado todos los puntos expuestos por la delegación uruguaya que también mencionó la palabra «corrupción» entre los argumentos de defensa.
Confianza
«Si en alguna responsabilidad ha incurrido la Argentina es en la de haber confiado con los ojos cerrados en los compromisos de un país con el que le unen lazos históricos y de amistad», dijo Ruiz Cerrutti, y se declaró « optimista» sobre las posibilidades de éxito de la demanda argentina. «Era optimista antes y lo soy ahora. Creo que los argumentos han sido muy bien desarrollados por todos nuestros abogados y que la Corte tiene una posición clara de cuál es la interpretación argentina de nuestro deferendo», explicó.
Durante la audiencia del viernes,el jurista británico Philippe Sands -profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Londres y uno de los abogados que trabaja junto con el equipo argentino- recordó que «esta violación del Tratado del Río Uruguay ocurrió en tres oportunidades: cuando Uruguay autorizó la construcción de la planta ENCE, cuando autorizó la creación de la pastera Botnia y, más recientemente, cuando permitió la construcción de un puerto sobre el río Uruguay».
En todas estas ocasiones, «Uruguay pasó por alto el mecanismo de consulta previa» y agregó que «las evaluaciones de impacto medioambiental se hicieron tan rápido y de forma tan inadecuada, que ha habido que rectificarlas varias veces y aún están por concluir».
Sand aseguró que las emisiones de dioxinas permitidas por Uruguay «para ENCE superan doce veces el límite impuesto en Canadá». «¿Dónde está el cumplimiento de los máximos estándares internacionales?», se preguntó el jurista ante los jueces.
Otro de los abogados, Marcelo Cohen -argentino radicado en Inglaterra y profesor en la Universidad de Ginebra-, atacó durante la réplica la afirmación uruguaya de que, en marzo de 2004, los entonces ministros de Exteriores de la Argentina y Uruguay, Rafael Bielsa y Didier Opertti, respectivamente, llegaron a un acuerdo que permitía a Montevideo autorizar la construcción del proyecto. Según Cohen, el ex canciller argentino se limitó a manifestar su «buena voluntad» de arreglar la disputa sobre la base del estatuto, mientras Uruguay se comprometió a suministrar la información pertinente a la comisión conjunta de administración del río Uruguay.
«Uruguay no ha presentado ningún texto del supuesto acuerdo, La realidad es que la Argentina no consintió en ningún momento la construcción de las fábricas», finalizó.
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