El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, rechazó que busque "presionar" al juez federal Norberto Oyarbide en la causa Skanska, y aseguró que los dirigentes de la oposición que fueron denunciantes en esa investigación "dan pena".
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De Vido dijo que los actuales ministros Guillermo Montenegro y Esteban Bullrich, junto con Adrián Pérez (Coalición Cívica) querían que la causa, en la que se investigaron presuntos sobreprecios, fuera "un baño de mugre durante años".
"Una pericia determinó que fue una actividad ilícita entre privados, de lavado de facturas truchas. Se decía que de ahí salía dinero para pago de comisiones a funcionarios, pero al descartarse que hubiera sobreprecios" se rechaza la hipótesis de los pagos ilegales a integrantes de Planificación Federal, aseguró De Vido.
Además, indicó: "No estoy presionando al doctor Oyarbide, es más, desde que él se puso al frente de la causa, la causa empezó a moverse".
"Nunca más lejos de mí presionar al juez Oyarbide ni a ningún otro juez federal", subrayó De Vido en declaraciones a radio La Red.
El funcionario dijo que "nunca" firmó un contrato con Skanska, ni como funcionario nacional ni como ministro de la provincia de Santa Cruz.
"Skanska era contratista de Transportadora Gas del Norte, ni siquiera hubiera correspondido esta investigación", se quejó.
Además, consideró que los denunciantes en la causa Skanska "dan pena" y a la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, le vaticinó que "le va a costar conseguir el 1,5 por ciento" de los votos en las internas abiertas.
El martes, De Vido se valió de una pericia oficial realizada por contadores de la Corte Suprema de Justicia para asegurar que "no hubo sobreprecios" en la construcción de gasoductos en el marco de la causa Skanska.
Para el ministro, con esta revelación quedaría claro que la causa judicial que más comprometió al kirchnerismo con hechos de corrupción hasta el nuevo caso Schoklender, consiste "en maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados".
Durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, De Vido destacó el resultado de la pericia que consideró correctos los ajustes al presupuesto para la construcción de gasoductos en el país.
De todos modos, el rumbo de la investigación todavía debe ser definido por el juez federal interviniente Norberto Oyarbide.
El trabajo había sido pedido por el juez a fin de determinar si fueron o no razonables los precios de mercado que pagó el Estado por la ampliación de gasoductos, a raíz de que eran superiores a los que tazó originariamente Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Se sospechaba que esas diferencias habían sido usadas para pagar sobornos a funcionarios por parte de la multinacional sueca Skanska.
La veintena de peritos ingenieros y contables que intervinieron, entre ellos de la Corte Suprema de Justicia, atribuyeron la diferencia de precio a varios factores, entre ellos la inflación, y un error de cálculo sobre el precio real de las obras realizadas en 2004 y 2005.
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