En una economía más integrada al mundo, que quiere crecer a partir del poder de compra de los mercados internacionales y no vivir del poder de compra de un sector público prácticamente en quiebra, estuvimos obligados a asignar los fondos del Estado con el máximo de eficiencia económica y el máximo de eficiencia social. Esto imponía establecer una atenta vigilancia sobre las inversiones públicas, transferir al sector privado aquellas empresas productoras cuyo mantenimiento en manos del Estado ya no significaba un beneficio para la comunidad, y terminar con el error de creer que legalizar la evasión impositiva es promover la industria y que venderle caro al Estado es defender al empresariado nacional.»
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