Pelea por fondos de campaña tiene fiscal dó que «entre las prohibiciones, figura la de contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país».
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El fiscal federal con competencia electoral de la Capital, Jorge Di Lello, se hizo cargo de la investigación por supuestas irregularidades en el aporte de fondos de campaña para las elecciones de 2007, en las cuales Cristina de Kirchner resultó electa presidenta.
El fiscal notificó al abogado denunciante, Ricardo Monner Sans, que la jueza federal María Servini de Cubría le delegó a Di Lello la investigación.
Esta denuncia incluye el pedido de relevamiento de los aportes realizados por laboratorios investigados por el presunto comercio ilegal de efedrina, que destapó el triple crimen de General Rodríguez, pero especialmente por las derivaciones del juicio por el caso del maletín con 800 mil dólares que Guido Antonini Wilson intentó ingresar ilegalmente al país.
En relación directa con el episodio de la valija, el denunciante advirtió que la ley de financiamiento de los partidos políticos establece quiénes no pueden aceptar o recibir aportes, directa o indirectamente y recordó que «entre las prohibiciones, figura la de contribuciones o donaciones de físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia domicilio en el país».
Al mismo tiempo, el abogado Monner Sans aportó nueva documentación en la causa, y propuso que se averigüe la discrepancia que trascendió entre la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli.
«No es ajeno al tema de autos, como lo puede advertir cualquier desprevenido ciudadano, la instalada polémica entre la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli», remarcó el abogado en su presentación.
Además de la denuncia de Monner Sans, la pasada semana, el abogado Hernán Palmeiro realizó una presentación similar que es tramitada en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Claudio Bonadío.
En su presentación, Palmeiro citó tres investigaciones periodísticas sobre supuestos «aportes ilegales», en una de las cuales aparece mencionado el empresario farmacéutico asesinado Sebastián Forza.
El letrado había sostenido que Forza habría sido «invitado a firmar un recibo en el cual, si bien reconoce aportar la suma aproximada de 398.000 pesos », luego no puso «un solo peso».
A cambio, según la denuncia, Forza obtenía un rédito del seis por ciento y una promesa de «hacer negocios con la Superintendencia de Servicios de Salud».
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