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Desde el Ejecutivo prefieren que se mantenga el mismo mecanismo vigente, que se inauguró con la embestida a Julio Nazareno y, tras la renuncia del riojano, continúa con la acusación a Eduardo Moliné O'Connor, bajo la promesa no escrita de avanzar sobre Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Augusto Belluscio.
Recuerdan los funcionarios gubernamentales que no fue apropiado el sistema que montó Eduardo Duhalde -y desmontó 6 meses más tarde en 2002- de cargar contra el noneto de magistrados, sin separarlos. Los kirchneristas están convencidos de que el desfile de ministros de a uno en fondo permitirá un análisis más serio de cada caso y, al mismo tiempo, poner en evidencia a los enjuiciados ante la opinión pública.
Además de hacer rodar cabezas en continuado, la amenaza latente, suponen, podría derivar en renuncias y, en consecuencia, en nuevas vacantes en el máximo tribunal, sin necesidad de trámites en la Comisión de Juicio Político.
El cordobés Guillermo Johnson, vicepresidente de esa dependencia, viene levantando la idea de armar un combo con varios jueces y ponerle punto final así a la depuración de la Corte. El ex magistrado sostiene que, de esta manera, se evitaría mantener sine die la mira sobre el cuerpo colegiado y eludir la posibilidad de que se paralice el máximo tribunal de alzada hasta que finalice la pesquisa sobre sus integrantes.
Según esta propuesta, que Johnson pregona desde que Kirchner le puso precio a Nazareno y a la denominada «mayoría automática» por cadena nacional de radio y TV, habría un plazo para terminar con la carga contra los ministros.
Pasado mañana, la comisión tiene previsto recibir por escrito el descargo de Moliné. La defensa, encabezada por el constitucionalista Gregorio Badeni, refutará los cargos más recientes que redactó la mayoría de la comisión el último jueves, el mismo día en que se presentaron los dictámenes de mayoría y de minoría (en este último caso, en sendas versiones firmadas por la riojana Alejandra Oviedo-Enrique Tanoni -PJ-Salta-, y por el misionero Juan Carlos López).
Moliné debe replicar las acusaciones sobre la supuesta presión a testigos en el anterior juicio político a la Corte. Al ex vice de ese poder del Estado, se le reprocha haber estado presente en una reunión en la casa de Nazareno a la que habrían sido invitados funcionarios del máximo tribunal para saber qué dirían ante la comisión sobre la actuación de la Corte en la voladura de la Embajada de Israel. Se le achaca también a Moliné, en otro expediente, haber fogoneado la destitución del ex juez Luis Leiva -conocido por su investigación sobre el banquero Raúl Moneta-, desde el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.
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