La Cámara Federal instó al juez Norberto Oyarbide a "no ahorrar esfuerzos a la hora de imprimirle la mayor velocidad" y elevar a juicio oral y público la causa contra el procesado ex represor Héctor Vergez por gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
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Los delitos de lesa humanidad que se le imputan a Vergez "imponen la obligación de alcanzar una sentencia realizadora del derecho penal material que acabe, en este caso, con una espera de más de 30 años", dijeron los integrantes de la Sala I del tribunal.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah advirtieron que "conspira contra esto último una etapa instructoria de ritmo aletargado", motivo por el cual reclamaron "mayor velocidad" al magistrado ante la posibilidad que el represor deba ser excarcelado por el paso del tiempo.
La recomendación la hicieron al confirmar la prórroga de la detención que el ex capitán de la Armada cumple desde el 7 de agosto de 2006 y cuyo encierro preventivo no puede exceder los tres años, tal como lo establece la ley 24390.
Los magistrados recordaron que esa norma determina que "la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia. Como excepción, se estipula que el encierro podrá extenderse por un año".
Esa prórroga se autoriza "excepcionalmente" cuando "la cantidad de delitos imputados o la evidente complejidad de la causa haya impedido el dictado de una sentencia en el plazo de dos años", afirmaron los camaristas.
Vergez fue procesado por Oyarbide -en una medida confirmada por la Cámara- por la desaparición, en 1977, de Julio Gallego Soto y el expediente "luego fue ampliándose al comprobarse su vinculación con la desaparición de Javier Ramón Coccoz y, más recientemente, con la de Juan Carlos Casariego de Bel".
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