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El diputado Daniel Bravo y el ciudadano Alberto Grasso pidieron a la jueza electoral María Servini de Cubría que dicte una medida cautelar ordenando a las autoridades locales de la UCR que suspenda el llamado a internas para el 6 de octubre próximo, convocadas para elegir postulantes a jefe y vicejefe y legisladores de la ciudad.
Bravo y Grasso cuestionaron la convocatoria a internas "por ser ellas cerradas, ilegítimas, no trasparentes y prematuras" porque, según sostuvieron, "los mandatos en este distrito vencen el 10 de diciembre de 2003".
Los afiliados dijeron que el Comité Capital de la UCR "una vez más pretende burlar la voluntad de miles de afiliados que desde lejos contemplan absortos las maniobras que les sustraen la posibilidad de la democracia interna y la renovación".
Los demandantes lamentaron que la ciudad no cuente con ley ni código electoral autónomos, ni normas sobre partidos políticos, pero destacaron que "existen numerosos proyectos al respecto" que "contemplan el mecanismos de elecciones internas abiertas para los cargos electivos".
Bravo y Grasso opinaron que "si la elección fuera abierta, la participación popular podría terminar con los aparatos políticos, organizaciones sólidas y estratificadas que se han enquistado en nuestro partido".
Los afiliados advirtieron sobre la posibilidad de "padrones dudosos" que "requieren una urgente revisión y actualización" pero que, mientras tanto, "se ordene una medida de no innovar respecto de la convocatoria a las elecciones mencionadas".
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