Por discrepancias entre el oficialismo y la oposición, se postergó por una semana en el Senado el nombramiento de tres miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que responde al Congreso y que tiene por función controlar las cuentas del sector público.
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Para ocupar dos de esos cargos, el kirchnerismo propone la reelección de Javier Fernández y a Vilma Castillo, quien actualmente se desempeña como directora de Aerolíneas Argentinas, y que fuera asesora de la Cristina Kirchner cuando la actual presidenta se desempeñaba como legisladora.
En tanto, por la minoría el radicalismo impulsa al diputado nacional por Jujuy Alejandro Nieva.
En principio se había resuelto tratar el tema en la sesión de este miércoles si no había objeción a los nombramientos, ya que no se realizaron audiencias previas y sólo se repartieron los antecedentes de los candidatos con poca anticipación.
Pero a último momento hubo varios cuestionamientos al nombramiento de Castillo, entre ellos de los legisladores de la Coalición Cívica y el socialismo, por lo que el oficialismo accedió a postergar el tema una semana.
La objeción que se ha hecho a Castillo es que como auditora tendrá que pronunciarse sobre la situación de Aerolíneas Argentinas, empresa en la cual es directora en representación del paquete accionista minoritario en poder del Estado, y en proceso de expropiación.
Según trascendió, el kirchnerismo ratificará la postulación de Castillo, aunque se evalúa la posibilidad de que la funcionaria anuncie su excusación en caso de que la Auditoría deba investigar el estado de esa empresa.
La AGN está a cargo de siete miembros designados cada uno como Auditor General y por ley lo preside un opositor, actualmente el radical Leandro Despouy.
De los otros seis auditores -cada uno de los cuales tiene mandato por ocho años-, tres son elegidos por los diputados y tres por los senadores, en cada caso dos por la mayoría y uno por la primera minoría.
Según la ley 24.156, la AGN se encarga de verificar el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición completa, clara y veraz de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales.
Con sus Informes de Auditoría, que incluyen comentarios, conclusiones y recomendaciones, asesora al Poder Legislativo sobre el desempeño de la Administración Pública Nacional y la situación de la hacienda pública.
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