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22 de agosto 2008 - 00:00

Puja en PRO por leyes porteñas

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Cristina de Kirchner sentiría quizás algo de alivio, si supiera que su vecino, Mauricio Macri, padece más que ella complicaciones con los proyectos de ley que envía para su sanción. La última polémica la desató el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, con la nueva propuesta de contratos de basura, que terminó desatando una puja en el PRO, entre diputados y funcionarios. Seguramente, porque las leyes porteñas no traspasan los límites de su distrito la suerte que corren los proyectos del jefe de Gobierno no es tan trascendente; claro, pero son muchos los que debió cambiar para lograr aprobación.

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El martes, Piccardo se enfrentó a una reunión conjunta de comisiones, donde la oposición lo embistió duramente por algunas cuestiones relacionadas con los residuos: objetan que los nuevos contratos se hagan a diez años, que no contemple acciones para el reciclado de desperdicios y que se vuelva a pagar por tonelada y no como ahora por zona limpia. Al día siguiente, los comandantes del PRO en la Legislatura debieron tener una reunión con el ministro para pedirle que modifique algunos aspectos de la ley y que, en otra ocasión, envíe el proyecto con más tiempo, no sólo diez minutos antes de la discusión.

  • Desliz

  • Desde el Gobierno porteño, consideraron que en ese enfrentamiento los legisladores macristas debieron ser más firmes en la defensa del proyecto. Pero desde la Legislatura remarcaron que un desliz en la redacción del borrador complica más la sanción de la norma que otorgará el contrato más grande en precio que tiene la Ciudad (este año llegará a pagarse $ 1.000 millones por levantar la basura porteña). Es que en los fundamentos ya se impuso que la norma debería sancionarse con mayoría especial de 40 votos, al tratarse de una concesión por más de cinco años. El macrismo sólo reúne 27 legisladores y necesita, de ese modo, aliados del kirchnerismo y la Coalición Cívica, bloque que preside Enrique Olivera. El ex jefe porteño indicó que su grupo hará una reunión especial para analizar el tema y «buscar una solución superadora, porque nosotros ya sabemos de los vicios que tiene el pago por tonelaje», dijo en referencia a que cuando estaba al frente del Gobierno porteño se usaba ese modo de pago a las empresas, lo que generó múltiples irregularidades, como que los camiones pasaran dos veces por la balanza o que mojaran la carga para aumentar el precio.

    «Conceptualmente, pagar por zona limpia es mejor, pero da la sensación de que la Ciudad está más sucia», explicó el legislador en referencia al sistema que impuso Aníbal Ibarra de abonar el servicio con el compromiso de que las empresas mantengan limpias las áreas.

  • Condicionados

    La otra discusión será por los 40 votos, ya que algunos consideran que no se trata de una concesión, sino de un contrato y podría aprobarse de otra manera. «Pero el mismo gobierno nos condiciona ahora a discutir la Constitución», se quejaba un grupo de macristas ayer, como lo hace cada vez que un proyecto tiene dificultades para sancionarse y aparece como mora en el control riguroso que, con un tablero con luces rojas, lleva cada lunes el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

    Al parecer, el proyecto para renovar los contratos de recolección de residuos domiciliarios correrá la misma suerte que algunos otros, es decir, terminan modificados para que la oposición de sus votos.

    Incluso algunos proyectos enviados por Macri ni siquiera vieron la luz del recinto, como una iniciativa para dar en concesión quioscos de comidas en las plazas y otra por la cual el jefe porteño imponía revisar todas las concesiones de la Ciudad de Buenos Aires. Algo mejor le fue con el plan de subtes, del que sólo se aprobó el permiso para el endeudamiento por las futuras obras, pero se borró todo el nuevo proyecto de una traza distinta. Hasta la creación de agencias gubernamentales pasó por la corrección de la oposición y todavía está pendiente la autarquía del Teatro Colón y la ampliación del Presupuesto 2008, que ya cuenta con la negativa del kirchnerismo de aprobar más gastos que no sea para sueldos, como aumentos por mayores costos.
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