El gobierno uruguayo prohibió ayer a los sindicatos de izquierda realizar una manifestación y un cacerolazo en Punta del Este, previstos para el próximo día 24. Sin embargo, el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT-CNT) desafió anoche la postura oficial y ratificó la marcha hacia esa ciudad, buscando rodear su protesta de una mayor repercusión, por afectar a una zona turística. El gobierno de Jorge Batlle había fundamentado su determinación en la necesidad de no complicar más a los operadores turísticos, que están enfrentando una temporada particularmente difícil debido a la profundización de la crisis económica argentina.
La preocupación del gobierno estaba centrada en que la movilización derivara en algún incidente, en especial, como reflejo de los actos de violencia que se vienen reiterando en las movilizaciones que se realizan en la Argentina.
Stirling había adelantado el martes que se procuraba «compatibilizar por un lado, el derecho que tienen los gremios a expresarse, y por el otro, garantizar a los ciudadanos su libre actividad en los balnearios, sobre todo en uno tan particular como Punta del Este». Recordó que los ministros de Trabajo,
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