La Unión Europea (UE) zanjó ayer su larga crisis constitucional con la firma del Tratado de Lisboa, que apunta a regular el funcionamiento del bloque y a agilizar el proceso de toma de decisiones por parte de sus 27 miembros. Pero el pacto generó de inmediato un roce con la Argentina, que rechazó a través de un comunicado oficial «la pretensión de incluir» a las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en su «régimen de 'Asociación de los Países y Territorios de Ultramar'».
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Además de reiterar la reivindicación de la soberanía nacional sobre esos territorios, un comunicado emitido por la Cancillería anunció la presentación de «una nota de protesta ante la Embajada del Reino Unido».
«En todas sus presentaciones, el gobierno argentino reafirmó su soberanía sobre esos archipiélagos, que son parte integrante del territorio nacional argentino y recordó que, por estar i l egalmente ocupados por el Reino Unido (...) son objeto de una disputa de soberanía expresamente reconocida por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales», añade la nota. El gobierno argentino también rechazó «la pretensión de incluir, en la referida lista, el denominado 'Territorio Antártico Británico', que en nada afecta los derechos de la República Argentina sobre el Sector Antártico Argentino, y se recordó lo establecido en el artículo IV del Tratado Antártico, en el que tanto la Argentina como el Reino Unido son partes». La firma del Tratado de Lisboa se concretó ayer en el histórico claustro del Monasterio de los Jerónimos de la capital portuguesa.
Ausencia
Su concreción supone para «los 27» el fin de una extensa crisis institucional, que comenzó con el rechazo a la Constitución europea en los referendos celebrados en 2005 en Francia y Holanda.
La ceremonia tuvo la ausencia notable del primer ministro británico, Gordon Brown, quien firmó el Tratado más tarde, tras incorporarse al almuerzo ofrecido por la Presidencia portuguesa en el Museo de Carruajes de Lisboa.
«Este Tratado responde al desafío de la mejoría de la eficacia en el proceso de decisión. El proyecto europeo se legitima por sus resultados, y sólo una Europa capaz de decidir será capaz de obtener resultados», dijo el jefe del gobierno portugués y presidente de turno de la UE, José Sócrates, que valoró el documento firmado ayer como fundamental para el futuro de una UE más « moderna, eficaz y democrática».
Para evitar que el nuevo entendimiento corra los peligros de la fallida Constitución (consagrada por el Tratado de Roma de 2004), casi todos los países de la UE lo ratificarán por trámite parlamentario, con la excepción de Irlanda que, por ley, debe someterlo a referendo. La idea es que ese proceso quede concluido a fines de 2008 y que el Tratado pueda entrar en vigor en enero de 2009.
Entre los aspectos más importantes del Tratado, los observadores destacaron que elimina los términos que puedan asimilar la UE a un Estado federal, como la palabra «Constitución» o los símbolos (bandera, himno y divisa), aunque estos últimos sigan existiendo.
El texto otorga carácter vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales, 54 artículos sobre los derechos de los ciudadanos (libertad, igualdad, derechos económicos y sociales), proclamada el miércoles en el Europarlamento en Estrasburgo.
Pese a que la Carta sólo concierne el derecho europeo, y no el derecho nacional, Gran Bretaña y Polonia obtuvieron una derogación para no aplicarla.
En lugar de una presidencia rotativa semestral, un presidente del Consejo Europeo (que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembro) será elegido por sus pares por un mandato de dos años y medio.
Además, refuerza los poderes del «Alto Representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad». Este cargo, actualmente ocupado por el español Javier Solana, se convierte en una vicepresidencia de la Comisión Europea y desde él se coordinará toda la acción externa del bloque.
En lo que hace al proceso de toma de decisiones, se amplía a 40 nuevas áreas, principalmente la cooperación judicial y policial, el requisito de mayoríacalificada. La unanimidadse seguirá requiriendo para las políticas exterior, fiscal, social o para la revisión de tratados.
Esa mayoría calificada supone el apoyo de 55% de los Estados miembro que representen 65% de la población de la UE.
Pero la aplicación de este sistema fue postergada hasta 2014, con una posible extensión de tres años más, tras un complejo compromiso con Polonia.
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