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Sin embargo, el proyecto no quedaría convertido en ley, ya que el Senado le haría modificaciones al texto votado por la Cámara de Diputados, circunstancia que retrasaría su sanción al menos un año, según estiman en el Congreso.
El proyecto obliga a los organismos del Estado y a las empresas privadas que sean concesionarias de servicios públicos a brindar información que soliciten los ciudadanos.
La reunión, prevista para las 17, se enmarca en una serie de encuentros que organizó la Cámara alta con el objeto de consultar a todos los sectores involucrados en la iniciativa antes de llevar la propuesta al recinto.
De ser aprobado, el proyecto permitirá a cualquier ciudadano acceder a información de cualquier órgano perteneciente al sector público nacional, del Poder Legislativo y de entes autárquicos.
El proyecto fue diseñado por varias organizaciones civiles, a través del proceso Elaboración Participada de Normas, que llevó adelante la Oficina Anticorrupción (OA) durante todo 2001. Actualmente, el único poder del Estado que tiene reglamentado este derecho es el Ejecutivo, por el Decreto 1.172, firmado el 3 de diciembre de 2003 por el presidente Néstor Kirchner.
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