El rechazo a la incorporación de Luis Patti a la Cámara de Diputados fue vivido ese día en el recinto como un éxito rotundo por el kirchnerismo y como una pesada carga por el ARI, que decidió votar junto al oficialismo. La escena de los minutos posteriores a la votación dio una clara muestra de cómo había interpretado cada sector ese momento. Quizá por esa razón es que algunos diputados no quieren que vuelva a repetirse una situación similar, pero para solucionarlo están eligiendo un camino que en el futuro puede ser más peligroso, según quién lo aplique, para la voluntad popular a la hora de elegir sus candidatos.
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El camino elegido sería prohibir no el ingreso a la Cámara sino la candidatura de aquellas personas sobre las que existan pruebas de violación a los derechos humanos. Hasta el momento, la ley y la práctica legislativa autorizan a no incorporar como legisladores a aquellos que tengan condena firme por delitos cometidos; ahora se sumaría una reforma a la Ley Electoral por la que se impedirá la candidatura de quienes tengan encima sospechas de haber participado en violaciones a derechos humanos. Todo dependerá, en ese caso, de quién reúna las pruebas.
El proyecto que se comenzará a debatir hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados pertenece a Marcela Rodríguez, pero tieneconsenso ya en el oficialismo al punto de que el presidente de esa comisión, Juan Manuel Urtubey, le dio el visto bueno: «Va en línea con lo que dispone la Constitución», dijo.
Prohibición
La futura norma modifica el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos para prohibir la presentación de candidaturas de quienes «existan pruebas suficientes de participación en violaciones graves de los derechos humanos que puedan implicar crímenes de lesa humanidad». El proyecto de Rodríguez dispone « establecer expresamente la prohibición para ser candidatos a cargos públicos electivos o para ejercer cargos partidarios, de todas aquellas personas que hayan estado involucradas en graves violaciones a los derechos humanos» y en los considerandos puede leerse: «No es nuestro propósito intervenir efectuando un control de calidad de quienes pueden ser electos por voto popular ni evaluar modelos de virtud personal -explica-, sino explicitar en la ley esta inhabilidad moral que contraría el derecho de gentes y numerosos tratados internacionales que repudian los crímenes de lesa humanidad».
Incluso la arista considera que «el pueblo no puede decidir absolutamente todo por mayorías, porque previo a eso se debe garantizar un núcleo de derechos humanos llamado 'ius gentium' que está contemplado en los tratados internacionales de derechos humanos».
Así visto, una norma de ese tipo puede significar incorporar una restricción clara a la voluntad popular, mientras que contra ese principio se fundamenta que existen «derechos inalienables e imprescriptibles que están fuera de la regla de la mayoría». De existir en el país la vigencia de un sistema electoral, no podría criticarse que el Estado bloquee el acceso a cargos públicos de aquellos ciudadanos «que se encuentran seriamente involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad», como dice la iniciativa. El problema es que, habida cuenta de la historia reciente, se estaría dando al poder de turno la posibilidad de impedir candidaturas de la oposición no ya sobre la base de una sentencia judicial sino de meras pruebas sobre la condición de una persona.
Hoy comenzará ese debate en Asuntos Constitucionales. Será el principio no sólo de una nueva herramienta para una «preselección» de quienes se someten a la voluntad popular, sino también de un capítulo extraño en la historia del ARI que siempre se ha caracterizado por su defensa a ultranza de los mecanismos institucionales contra la voluntad hegemónica de todos los oficialismos. Evitarán así algunos partidos pagar el costo político de debatir abiertamente estos temas en el recinto, aunque sea en medio de un escándalo como el vivido en el caso Patti.
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