El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El funcionario planteó que "el mayor desafío" que afrontará en su nuevo rol en el Gobierno será "bajar cierta irritabilidad en distintos sectores sociales" a través del diálogo, en referencia a la división que generan las manifestaciones piqueteras.
"No se va a criminalizar la protesta social", insistió Rosatti, quien de todos modos opinó que se debe mantener el equilibrio "entre el legítimo derecho a reclamar que tienen los más desposeídos" y, al mismo tiempo, "evitar los daños" en la propiedad pública.
El ministro, en declaraciones a la prensa realizadas en su domicilio, analizó que "las cuestiones de protestas callejeras tensan relaciones" porque "hay intereses contrapuestos" y es por ello que "hay que conversar mucho sobre ese punto".
"El Presidente siempre tiene una idea clara sobre eso y obviamente que yo comparto, que es no criminalizar una protesta social, que es hacer compatible el ejercicio de los derechos de reclamar o de peticionar a las autoridades por un lado, y por el otro evitar los daños, cuando ya la protesta se convierte en otra cosa", indicó.
De esta manera, el Gobierno garantizó la continuidad de una política dialoguista con los piqueteros más radicalizados, ante el insistente reclamo de la oposición en pos de endurecer la postura frente a las manifestaciones callejeras de las agrupaciones de desocupados.
"Todo lo que sea buscar puntos de entendimiento, para lo cual hay que sentarse a conversar, porque los puntos de entendimiento no se logran sino después de un diálogo, yo lo voy a hacer, por supuesto", insistió Rosatti.
El ministro admitió que las protestas sociales se manejan en "un límite complicado", porque "a veces las situaciones comienzan como una protesta y después degeneran en otra cosa".
"Pero hay que diferenciar: una protesta no es un delito, lo que es un delito es acometer contra la propiedad pública", afirmó.
Dejá tu comentario