La sesión de ayer del Senado estuvo a punto de sucumbir. De hecho Daniel Scioli debió llamar a un cuarto intermedio y recién después de algunos cabildeos en el kirchnerismo pudieron continuar. La razón de la duda no era menor: sobre sus pupitres cada senador tenía el dictamen de un informe de la Auditoría General sobre el manejo de los subsidios al transporte ferroviario y automotor, un análisis crítico sobre el que ni el propio oficialismo había podido omitir pedir informaciones al Poder Ejecutivo. Es cierto que el período analizado por la AGN no comprendía el último año de esa gestión de Ricardo Jaime, pero se sabía que en este momento el debate dispararía en el recinto reproches de la oposición a los fondos por subsidios que se asignaron, sobre todo, a empresarios como Sergio Taselli.
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Que esa sesión continuara fue toda una definición de la situación actual del oficialismo. Aunque Cristina Kirchner estuvo presente en el recinto por algunos momentos -se retiró bastante antes de votar el informe- no pareció que reinara entre los peronistas el mismo ímpetu por defender la administración Kirchner que había hace un tiempo.
El tema en conflicto fue la resolución 82/06 de la AGN que, aunque con nombre técnico, definía claramente lo que se venía: «verificación de los procedimientos y controles que lleva a cabo la Secretaría de Transporte de la Nación en relación a la asignación de los bienes fideicomitido del sistema ferroviario integrado y del sistema integrado de transporte automotor».
Ese informe había generado tres dictámenes -uno por la mayoría y dos por la minoría- en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, encargada de analizar y aprobar los informes de la Auditoría.
El problema surgió porque el dictamen de la mayoría kirchnerista da por aprobado el informe de la auditoría y solicita «informes al Ejecutivo sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones presentadas a la AGN».
Falta de control
Ese informe cuestiona duramente la falta de controles por parte de la Secretaría de Transportes sobre el destino que cada una de las empresas da al subsidio que recibe del Estado. También se evalúa el volumen de tráfico que se toma como referencia para la distribución de fondos y los criterios de selección.
Por eso el dictamen de la minoría radical, al tiempo que también aprueba el informe de la AGN, le solicita al gobierno que responda cómo se asignan los subisidios a cada empresa del transporte y sobre todo cómo usan los concesionarios y empresas de colectivos esos subsidios.
Jorge Capitanich encaró la defensa del dictamen oficial, que finalmente se impuso en el recinto por 25 votos contra 18. Comenzó con una maraña de datos y números sobre el transporte y el costo real del boleto de colectivo que no siempre tuvieron que ver con el fondo de la cuestión. Capitanich explicó una obviedad: que de no existir los subsidios el precio del boleto de colectivo en la Capital Federal no sería de $ 0,70 sino de 1,70. Así caía por su peso que los subsidios habían crecido por «la mayor cantidad de pasajeros transportados y mayor kilometraje recorrido», como explicó Capitanich, una nueva versión del argumento que Kirchner ya había explicado en el Salón Blanco al justificar la crisis de los ferrocarriles en la mayor cantidad de pasajeros debido al crecimiento de la economía.
Fue curioso que mientras el oficialismo aprobaba el informe de la AGN -técnicamente podría haberlo rechazado, pero pareció que políticamente no había lugar para una acción así-, Capitanich criticara al organismo: «Los auditores carecen de idoneidad, me preocupa que esta AGN sea la encargada de controlar el uso que se da a los fondos públicos».
El contrapunto fue con el radical Gerardo Morales. Comenzó allí una catarata de críticas al gobierno que poco tuvieron que ver con el período de subsidios analizado por la Auditoría, hasta el año 2004, y mucho con el debate que la oposición viene pidiendo desde hace meses por la política de subsidios -incluidas varias citaciones fallidas a Jaime- y que el kirchnerismo siempre niega.
Por eso el primero en pasar a la picota fue el secretario de Transporte: «No queremos judicializar la política, pero Jaime hace un año que no nos responde. El gobierno nacional sostiene un sistema de subsidios nada claro ni transparente, tal como queda consignado en el planteo del Presidente de la Nación en su decreto de rescisión de contrato de Sergio Taselli en el Metropolitano Roca de estos días», lanzó Morales.
El empresario quedó entonces en el centro de la tormenta: «Taselli, a quien conocemos bien en Jujuy por el vaciamiento de Aceros Zapla, es un empresario amigo del gobierno. Es un hombre que ha compartido viajes con el ministro Julio De Vido en el avión presidencial, a quien se le rescinde el contrato pero no se le pide rendición de cuentas de la plata que recibió para gestionar las empresas concesionadas», agregó el jefe de la UCR.
No fue el único en protestar. «El gobierno no sabe qué hacer con los servicios públicos. Al principio fue positivo fijar el precio de las tarifas pero con el paso de los años se convirtió, más que en un sistema de redistribución del ingreso de los que más tienen a los que tienen menos, en un sistema inverso que favorece a quienes cobran los subsidios», dijo el socialista Rubén Giustiniani al final del debate.
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