El Senado de la Nación comenzó a analizar este viernes en comisión el proyecto de Economía del Conocimiento que incentiva la actividad de empresas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información.
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El Senado de la Nación comenzó a analizar este viernes en comisión el proyecto de Economía del Conocimiento que incentiva la actividad de empresas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información.
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En un plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los senadores del frente de Todos, Alfredo Luenzo y Carlos Caserio, respectivamente, tanto legisladores del oficialismo y de la oposición coincidieron en la posibilidad de introducir modificaciones a la iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
"La idea es abrir el debate para que lo más rápido posible se pueda llegar a un texto consensuado", indicó Luenzo, mientras que Caserio no descartó analizar modificaciones al sostener que la meta es "sacar la mejor ley posible".
La normativa, reemplaza la Ley 27.506 aprobada durante la gestión de Cambiemos, y establece mecanismos de promoción e incentivos para la industria denominada de economía del conocimiento o software.
Durante la videoconferencia de hoy, el senador de la oposición Martín Lousteau valoró la ley pero pidió contemplar cambios que permitan a los Poderes Ejecutivos "enfocarse" no sólo en los beneficios impositivos y fiscales de las empresas del sector sino en analizar las "trabas" que les impiden "desarrollarse".
"Tenemos que trabajar para que esos regímenes den ventajas definitivas que después no requieran un impulso fiscal y además trabajar en el resto de las trabas que hacen que el resto de los sectores necesiten ser compensados para poder desarrollarse", sostuvo.
Caserio aceptó estudiar en reuniones de asesores las propuestas de Lousteau y pidió para ello que se las envíe por escrito, con lo cual la comisión pasó a un cuarto intermedio hasta nuevo aviso.
Otro de los cambios propuestos por la oposición fue el vinculado al Consejo Consultivo que la ley prevé crear para fijar criterios que definan el encuadre de las empresas que podrán ingresar al régimen de promoción para el sector.
Lousteau sugirió que el Consejo pueda "medir cuál es el desempeño relativo de este sector en Argentina en relación con otros países" al considerar que "está claro que, cuando uno da un régimen fiscal de beneficios diferencial adentro de las fronteras, el sector se va a desempeñar mejor que otros sectores dentro de nuestra propia frontera".
Luenzo, a su turno, destacó que la normativa busca "ampliar el universo de beneficiarios al acceso de estos beneficios para pymes, brindar un carácter más federal e incrementar el nivel de mano de obra y de exportaciones que, según afirmó, se podría duplicar desde este campo en el mediano plazo".
Según coincidieron tanto legisladores de la oposición como del oficialismo, el sector del software es uno de los que más exportaciones registra para el país después de los cereales y las oleaginosas.
Luenzo explicó que en el articulado se establecen beneficios e incentivos fiscales como mayores facilidades para microempresas y pymes en las condiciones exigidas para ingresar al régimen de promoción.
La iniciativa también crea un fondo fiduciario para la promoción de la economía del conocimiento que "financiará" a las micro y pequeñas y medianas empresas "para que puedan desarrollarse en la formación y en la capacitación" y se les otorgarán beneficios "en las contribuciones patronales, ganancias e IVA.
El proyecto mantiene los dos beneficios de reducción de alícuota sobre el impuesto a las Ganancias y sobre el pago de contribuciones patronales, y lo amplía al modificar el modo de calcularlos retomando lo establecido en la Ley de Software (60% reducción impuesto a las ganancias y 70 % reducción de contribuciones patronales).
Sobre las contribuciones patronales introduce como novedad un tope inicial equivalente a siete veces la cantidad de empleados de una pyme tramo II (535 empleados) lo que significa que el beneficio aplica inicialmente a un máximo de 3.745 empleados, que puedan ser promovidos en este régimen especial del 70% de la reducción de los aportes patronales.
Por otro lado, se elimina el requisito fijado en la ley aprobada el año pasado que obligaba a las provincias a adherir al régimen mediante la sanción de una ley que respetara la estabilidad fiscal y ofreciera beneficios adicionales, y a la que sólo habían adherido seis provincias.
Entre los principales cambios respecto a la ley anterior, la nueva versión no contiene la cláusula de estabilidad fiscal por diez años para las empresas. En cambio, sí dispone una estabilidad de los beneficios por el período de duración de vigencia del régimen.
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