Senado: kirchnerismo empuja bicameral para controlar los servicios de luz, gas y agua

Política

Tras décadas de cifras altas en cuanto a Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y en medio de quejas del oficialismo con respecto a la calidad de algunos servicios, el cristinismo presentó un proyecto de ley en el Senado para declarar a la luz, gas y agua como “Derechos Humanos, esenciales para el desarrollo, la preservación de la salud y dignidad”. No sólo eso: también quiere gatillar una comisión bicameral para controlar y seguir de cerca esas tres áreas.

La iniciativa, que fue firmada por Inés Pilatti Vergara (Chacho) y acompañada Jorge Taiana, María de los Ángeles Sacnun y Anabel Fernández Sagasti -entre otras-, plantea una bicameral que “deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos” a la ley en cuestión y podrá “formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos a su cargo”.

Por otra parte, el Ministerio Público estará “legitimado para entablar o ser parte en todas las acciones judiciales y/o administrativas que pudieran dar lugar a la aplicación” del proyecto, que además deja claro que “en el caso de incompatibilidad insalvable entre la normativa vigente y la contenida en la presente ley, prevalecerán las disposiciones” de la última.

El texto impone, como deberes del Estado, “asegurar que los servicios públicos sean prestados en forma económicamente eficiente y satisfactoria, cumpliendo estándares de calidad y seguridad”; “procurar los máximos niveles posibles de competencia, evitando prácticas anticompetitivas o de abuso de posición dominante”; “adoptar los recaudos necesarios para que se efectúen inversiones que aseguren el suministro de las prestaciones a largo plazo con la más apropiada tecnología”; y “fijar un sistema tarifario justo, razonable y transparente que -en un marco de sustentabilidad del servicio- minimice su costo total y brinde al prestador la posibilidad de obtener un ingreso razonable”, entre otros puntos.

Del lado de los consumidores aparece la posibilidad de “formular denuncias y reclamos ante irregularidades en la prestación del servicio, de manera individual o colectiva; reclamar al prestador la indemnización de los daños y perjuicios que le ocasione ilícitamente en la prestación del servicio, y percibir del mismo toda otra compensación económica a que hubiere lugar por derecho; participar en las audiencias públicas u otros mecanismos de consulta, conforme los supuestos y procedimientos previstos en el orden normativo”; y “recurrir a los tribunales Federales e Internacionales cuando por accionar de los prestadores u organismos de control se vean lesionados” los derechos del consumidor.

En los argumentos de la iniciativa, Pilatti Vergara -representante del oficialismo por la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura- apunta a “intereses que se vieron severamente lesionados durante la gestión Cambiemos en la materia”, y resalta la idea de “abandonar definitivamente las visiones netamente mercantilistas que atropellan los derechos elementales que están consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que ésta reconoce”.

La legisladora chaqueña también fundamenta que el objetivo es que “todos los actores que intervienen en esta materia se vuelvan plenamente conscientes de que no solamente están hablando de la mera prestación de un servicio, sino que están tratando una cuestión de derechos humanos, que hacen a la dignidad y a la salud de nuestros ciudadanos, y donde no pueden primar solamente las leyes del mercado”.

Reactivación

La demorada ley de Economía del Conocimiento comenzará a discutirse hoy, en la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, que comanda el kirchnerista Carlos Caserio. El proyecto tuvo varias idas y vueltas y sigue bajo un manto de tensiones entre el Gobierno y el Congreso debido a internas dentro del propio oficialismo.

Anteanoche, la comisión que preside Caserio barrió de la agenda la ampliación del Presupuesto -prorrogado de 2019- y no lo incluyó para el debate de hoy. Ese texto pincela un déficit para este año de tres billones de pesos, o el equivalente a dos tercios de la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera.

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