El ex ministro adjudicó al gobierno difundir carpeta secreta de Juan José Alvarez por su empleo en la SIDE de 1981 (Proceso) 1984. Dice que es «mala forma de hacer política».
La noticia que reveló que Juan José Alvarez fue agente de la SIDE entre 1981 y 1984, con tareas «administrativas» y «no relevantes» según indicó el diputado, forzó a sus socios políticos a montar una estrategia para asimilar el golpe político de esa novedad.
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Antes de partir a EE.UU., Roberto Lavagna, candidato no oficial, repudió «la forma de hacer política» que supone la difusión de información reservada, de carácter confidencial, para dañar a un rival político. Dual, Lavagna apunta al modo y no al hecho.
El ex ministro imputó indirectamente al gobierno por esa filtración. Unas horas antes, en la única intervención oficial sobre el tema, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, despegó a la Casa Rosada del incidente que implica una falla o un ilícito; o ambas cosas.
«El gobierno no tiene nada que ver con esa documentación», dijo Fernández y aseguró que «ni el gobierno ni la secretaría entregó esa documentación». Admitirlo sería aceptar un delito. El ministro afirmó, además, que «el Presidente tampoco lo sabía». Alvarez había dicho lo contrario.
En paralelo, Fernández pidió que se «hagan las investigaciones pertinentes y se encuentre quién fue el responsable de entregar esa documentación», y sostuvo que quedó «petrificado» cuando conoció la información. Fernández fue socio político de Alvarez en la era Duhalde.
Perfil
Lavagna, en tanto, respetó el tono que el diputado de El General pretende imprimirle al asunto: centralizar el debate en la fuga de información (cerca suyo dicen que fue intencional) más que en el hecho de que haya revistado en el organismo de inteligencia.
Ese era, anoche, el perfil que Lavagna le daba al «expediente Alvarez». En su entorno, en tanto, insistían en que esa revelación no afecta el proyecto político del ex ministro de Economía. «No tiene impacto sobre Lavagna, no afecta de ningún modo su proyecto político» se aseguró.
A simple vista, parece al menos un pronóstico excesivo. Sigue la explicación: «Hay ruido en el ámbito político pero no preocupa en la calle», se indicó para ilustrar que prendió en la opinión pública la revelación sobre el paso de Alvarez por la SIDE.
«El costo lo va a pagar el gobierno por usar modos ilegales», dijo ayer un colaborador de Lavagna que recordó, además, un informe que publicó un semanario sobre el pasado de Kirchner en los 70 y se preguntó qué postura tomará el gobierno con la ministra de Economía, Felisa Miceli.
Según el currículum que figura en el site del Economía (http://www.mecon.gov.ar/ basehome/cv/cv.htm), Miceli fue «jefa de Departamento en el Area de Presupuestos Provinciales de la Dirección Nacional de Programación Presupuestaria. Secretaría de Hacienda, entre 1976 y 1979».
Por entonces, el ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Hoz.
Otro tono reinaba ayer en el grupo El General. Los socios de Alvarez, Jorge Sarghini, Eduardo Camaño y Francisco de Narváez, acordaron respaldar al diputado aunque con una condición: que enfrente la acusación y se anime a responder la imputación que atribuyen al kirchnerismo.
El gesto se cristalizó el lunes cuando Alvarez recibió a la prensa en su oficina de la avenida Quintana, en Recoleta. A su lado, en silencio, estaban Sarghini y Camaño, para trasmitir la señal de respaldo a quien es uno de los cuatro pilares iniciales de El General.
Paso al costado
De todos modos, hay una perspectiva no demasiado optimista. «Será muy difícil remontar un hecho de este tipo», se confesó desde el grupo. Si eso ocurre, según le dijo anteayer a este diario, Alvarez estaría dispuesto a dar un paso al costado en su carrera política.
Aunque gestado en otros jardines, el affaire Alvarez terminó de detonar una ruptura en el bloque Peronismo Federal con la salida, ayer, de los delegados que responden a Adolfo Rodríguez Saá. Toda una paradoja: Alvarez fue quien tejió el pacto con los puntanos.
Elisa Carrió se plegó a esa pulseada para embestir contra Kirchner. «No comparto la filosofía de los gobiernos que usan las informaciones del Servicio de Inteligencia del Estado para ensuciar a la clase dirigente» dijo la representante del ARI, única -con Jorge Sobisch- candidata formal para 2007.
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