Con la iniciativa se establecieron nuevos plazos y modalidades para la actuación de los jueces, fiscales y defensores durante el período de investigación de un delito. La iniciativa no contempla la habilitación de la "vigilancia acústica" que había sido objetada por diferentes organizaciones civiles por vulnerar los derechos individuales.
Finalmente, la Legislatura porteña avanzó con la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad. Con 34 votos a favor y 24 en contra, se establecieron nuevos plazos y modalidades para la actuación de los jueces, fiscales y defensores durante el período de investigación de un delito.
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Por lo pronto, la iniciativa no contempla la habilitación de la "vigilancia acústica" que había sido objetada por diferentes organizaciones civiles y la oposición al considerarla un "Gran Hermano" que vulneraba los derechos individuales.
La iniciativa había sido impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta cuenta con 69 artículos que introduce cambios al sancionado en 2007 y fue sancionada gracias a los votos a favor aportados del bloque oficialista Vamos Juntos.
Con el objetivo de "modernizar" el actual Código sancionado en 2007, entre los cambios que propuso el oficialismo se destacan la agilización del proceso penal "mediante la concentración de actos procesales, oralidad y plazos" y el uso de medios digitales como video conferencias y notificación electrónica.
Además, el nuevo Código fija que el juez podrá tener 48 horas de plazo -y no 24 como hasta ahora- para determinar la prisión preventiva o la libertad de un imputado; y determina que el detenido recuperará la libertad desde el Ministerio Público Fiscal y no desde la comisaría como hasta el momento.
Suma un nuevo artículo que propone el patrocinio gratuito a las víctimas de un delito durante el proceso penal, tal como realizan los defensores oficiales con los investigados. Agrega que el Ministerio Publico Fiscal podrá solicitar al juez, en el período de búsqueda de medidas probatorias, las tareas de un "agente encubierto" y "agente revelador" que aplicará la Policía de la Ciudad.
El proyecto original enviado por Parque Patricios a la Legislatura contenía la habilitación de una "vigilancia acústica" para dichos procesos. Sin embargo, el apartado fue retirado a última hora tras los cuestionamientos de toda la oposición y de asociaciones civiles, que lo consideraron una invasión a la privacidad de los investigados.
La iniciativa que finalmente fue descartada para su tratamiento en el recinto instaba a habilitar "escuchas y grabaciones a través de medios técnicos de las conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores" al tiempo que abría la puerta a la "vigilancia remota" sobre equipos ordenadores y dispositivos electrónicos.
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