13 de agosto 2003 - 00:00

Sólo testimonial: Diputados anuló las leyes de punto final

El gobierno avanzó ayer en la posibilidad de reabrir los juicios contra militares acusados de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el último régimen militar. Diputados, tras un inesperado acuerdo entre el PJ, la UCR, el ARI de Elisa Carrió y fuerzas de izquierda que fueron las que pusieron fecha al debate, aprobó y giró al Senado la nulidad de la Obediencia Debida y Punto Final, y empezó a darle rango constitucional a la convención que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Además de un mensaje del Presidente al bloque peronista, influyó la presión de una fuerte movilización de organismos de derechos humanos y varios sellos marxistas hasta el Congreso. El temor a los escraches terminó de disuadir a varios justicialistas. En definitiva, el único que sufrió un escrache de sus colegas fue Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, que se atrevió a cuestionar en el recinto la política castrense del oficialismo. La curiosidad de la sesión fue que Bussi (h) coincidió con Luis Zamora a la hora de votar en contra. Los senadores del PJ, que habían adelantado la exigencia de adherir al tratado internacional a cambio de dejar de lado la anulación, dieron un viraje de 180 grados y anoche advirtieron que ahora están dispuestos a convertir en ley la nulidad de las leyes del perdón.

Eduardo Camaño (jefe de los diputados) dialoga como peronista con la oposición que ayuda desde el ARI y el Polo Social representada por el economista antiglobal Daniel Carbonetto, el disidente Mario Cafiero, el duhaldista Rodolfo Frigeri y el mendocino Arturo Lafalla.
Eduardo Camaño (jefe de los diputados) dialoga como peronista con la oposición que ayuda desde el ARI y el Polo Social representada por el economista antiglobal Daniel Carbonetto, el disidente Mario Cafiero, el duhaldista Rodolfo Frigeri y el mendocino Arturo Lafalla.
Diputados aprobó y giró anoche al Senado la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final y, por unanimidad, le dio rango constitucional al tratado internacional que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Bajo presión del gobierno y de la izquierda que cercó ayer el Congreso, los legisladores avanzaron en la posibilidad de que se reabran causas en tribunales del país contra civiles y militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

Para completar la sesión, tratarían el proyecto de ley que impide que sean beneficiados con la «prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia al ejercicio de la acción penal, los hechos y delitos» incluidos en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Todas las disposiciones, una vez que las aprueben los senadores, quedarán condicionadas a la validez y aplicación que les den los magistrados y, en última instancia, la Corte. Aquí, el desarrollo de los hechos:

El peronismo de la Cámara alta había adelantado que, de ninguna manera, sancionaría la nulidad de normas. El riojano Jorge Yoma, que exigía la ratificación presidencial del acuerdo mencionado como única salida al conflicto castrense, anticipó la semana pasada que semejante extremo «sería declarado inconstitucional hasta por el tribunal de disciplina de la AFA».

• En la víspera, el criterio senatorial había mudado 180 grados y había predisposición para levantar la mano en ese sentido dentro de siete días. Al igual que en el ánimo de los diputados, influyó el mensaje de Néstor Kirchner pidiéndoles a sus bancadas la anulación de las leyes del punto final. Además de la demanda gubernamental y el temor a «escraches» que generó en los legisladores la movilización de organismos de derechos humanos, piqueteros y sucedáneos del PC, hubo otros factores que contribuyeron a modificar el escenario parlamentario que parecía condenado a la postergación del debate sobre Obediencia Debida y Punto Final. Resultó fundamental el trabajo de Eduardo Camaño para unir voluntades y hacer realidad el deseo kirchnerista, algo que le asegura su continuidad en la presidencia de la Cámara hasta fines de 2004.

• El bloque conducido por José María Díaz Bancalari se alineó mayoritariamente detrás de Kirchner, tras amortiguar las disidencias intestinas. La nulidad acercó posiciones entre el PJ oficial y las representaciones de izquierda y centroizquierda en el recinto, desde el Frepaso y el ARI de Elisa Carrió hasta Patricia Walsh, de IU y responsable de que se convocara la sesión especial de la víspera. Sólo quedaron afuera de esta entente radicales y provinciales.

• La adhesión a la Convención sobre Imprescriptibilidad, en cambio, permitió aceitar el diálogo con el radicalismo, que presentó una iniciativa en ese sentido el jueves pasado. Por supuesto, el resto de las fuerzas -excepto la cooperativa de sellos del interior-se sumó. Así las cosas, quedó allanado el camino para conseguir quórum con holgura y, especialmente, para lograr 2/3 de sufragios sobre el total de miembros del cuerpo (172 sobre 257, tal cual exige la ley) y dar media sanción al rango constitucional del Tratado internacional.

• Por supuesto, hubo concesiones de la oposición a la hora de negociar. Los radicales aceptaron habilitar sobre tablas la nulidad, aun cuando la mayoría estuviese en contra de la propuesta (finalmente, se inclinaban por la abstención, salvo excepciones que se contaban con los dedos de la mano).

• La izquierda también cedió espacio. Walsh, que pretendía voltear los indultos de Carlos Menem en su proyecto original (ahí quería declarar inconstitucional las leyes del perdón o de la «impunidad», según su propia terminología), aceptó limitar la declaración de «insanablemente nulas» a esas normas y excluir los indultos.

• Los organismos de derechos humanos torcieron las pretensiones originales de Walsh y habilitaron la convergencia con el peronismo. Palabras más, palabras menos, le plantearon a la embajadora de IU que había llegado el momento de dejar las actitudes testimoniales y votar una propuesta que abriera juicios contra militares. El único que dio la nota fue el reiterativo Luis Zamora, que rechazó las iniciativas porque, según él, terminarían en un enredo judicial que favorece a los «represores».

Al comenzar la sesión, a las 16.20, se votó -instantáneamente-darle rango constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad. El punto que había logrado consenso casi unívoco entre las comarcas de la Cámara baja recolectó de sobra las 172 manos en alto que necesitaba.

•Objeciones

A continuación, se inició el tratamiento sobre la nulidad. Los discursos fueron coincidentes en la conveniencia de borrar, como si nunca hubieran existido, las leyes que fueron derogadas en 1998. Los radicales Pascual Cappelleri y Noel Breard hicieron las objeciones racionales (los peronistas disidentes fueron persuadidos a guardar silencio). «Esta ley que quieren aprobar va a caer por inconstitucional», advirtió Cappelleri. «Atenta, asimismo, contra la seguridad jurídica», subrayó el bonaerense. El correntino Breard recordó que «los radicales fuimos los que juzgamos a los jefes de las juntas militares, no quienes los indultamos».

El peronista
Juan Manuel Urtubey se ocupó de defender la anulación, aunque lo hizo con tanto apuro que resultó difícil seguir su argumentación. Más sólida y casi en horario central, Carrió brindó una clase magistral con la parte de la biblioteca jurídica que avala la nulidad.

«Están equivocados los que dicen que el control de la constitucionalidad sólo le corresponde al Poder Judicial; nosotros también hacemos control de constitucionalidad cuando advertimos que no podemos votar tal o cual ley porque es inconstitucional»
, largó Carrió.

•Derivaciones

Por otro lado, opinó que «cualquier juez puede declarar inaplicable una ley, pero no la nulidad». A su modo de ver, la Constitución fija que aquellos actos o leyes «que violan el artículo 29 (se refiere a la entrega de la suma del poder público) son nulos de nulidad absoluta e insanable». «Lo mismo pasa con las leyes que vulneran el Derecho de Gentes, como sucede con los crímenes de lesa humanidad», concluyó. Finalmente, repasó las derivaciones que puede tener la nulidad: «El juez puede tener el caso y declarar la inconstitucionalidad de esta ley, aunque queda la posibilidad de llevar el caso a la Corte Interamericana de derechos humanos, donde declararán lo contrario; el magistrado puede declarar irrelevante esta ley, pero esta declaración del Congreso puede servir para declarar la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final; y también puede declarar la constitucionalidad de esta ley y declarar inconstitucionales la Obediencia Debida y el Punto Final».

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