Según explicó Bielsa, el director de Salud de la Cancillería, Augusto Andrade, fue separado de su cargo acusado de "administración fraudulenta y peculado" en perjuicio del Estado, después de que la Oficina Anticorrupción presentara una denuncia penal por irregularidades en el manejo de los servicios de salud de los agentes diplomáticos en el exterior.
Por su parte, el titular de la OA, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, denunció ante la justicia diversas irregularidades en la Dirección de Salud del Ministerio de Relaciones Exteriores que habrían ocasionado millonarias pérdidas al erario público.
La OA constató que en dicha área se había contratado un seguro de salud para el personal de Cancillería que no cubría a quienes prestan servicios en el exterior, a pesar de tratarse de una inclusión requerida legalmente.
Según la investigación, a partir de esa omisión el Estado pagaba dos veces: por un lado abonaba a las obras sociales más de dos millones de pesos anuales, entre aportes y retenciones correspondientes al personal en el exterior- y por el otro, la Cancillería pagaba reintegros de gastos de salud a los funcionarios destinados en el exterior que carecían de cobertura médica.
La investigación comenzó en 2003, al inicio de la gestión de Rafael Bielsa al frente del Palacio San Martín, cuando advirtió que "desde 1993 no se cumplía con una ley" que establecía que la cobertura de salud de los agentes diplomáticos en el extranjero debería ser brindada por un seguro.
En ese momento, Bielsa ordenó una auditoría interna junto con un equipo contratado por el Programa de Naciones Unidas en Desarrollo, PNUD, compuesto por epidemiólogos, médicos, contadores, abogados y administrativos que auditó 400 expedientes al azar y comprobó las irregularidades.
Entre los casos observados, el canciller destacó el de una funcionaria que pidió reintegro por la colocación de un dispositivo intrauterino para evitar la concepción y al mismo tiempo presentó otras facturas, la primera en Praga y la segunda en Londres para sufragar los gastos de un tratamiento para fertilización.
En cambio, Bielsa justificó especialmente otro de los casos investigados, el que corresponde al diplomático Eduardo Mallea, quien "no ha sido afortunado por la vida, tuvo una mujer que enfermó muy gravemente y tiene una chiquita con parálisis cerebral".
"De modo que si alguna persona justificó recibir los reintegros que recibió esa persona es Eduardo Mallea, que es un funcionario excelente", destacó el canciller.
Durante los años de la convertibilidad, el gasto en salud de los diplomáticos argentinos ascendió a tres millones de dólares anuales, hasta que los controles impulsados por la nueva administración redujeron la cifra a un millón 200 mil pesos, precisó Bielsa.
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