Otra vez se agravó la relación con Uruguay por el conflicto de las papeleras y ahora podría tener consecuencias con terceros países. Néstor Kirchner evaluaba anoche seriamente suspender su viaje a Montevideo para participar de la Cumbre de Iberoamérica, para no cruzarse con Tabaré Vázquez en días en los que el puente internacional de Gualeguaychú estará cortado por los vecinos que se quejan de las papeleras contaminantes. Sólo un compromiso más importante que este conflicto podría hacer que el Presidente decida finalmente viajar. En Montevideo debe encontrarse con José Luis Rodríguez Zapatero para definir el futuro de la relación con España, por lejos el principal inversor aquí. Además, la Argentina denunció ayer por cuarta vez al país vecino por haber violado el Tratado del Río Uruguay, a través de una nota diplomática oficial, que incluyó la citación al embajador al Palacio San Martín. Fue al conocer que Uruguay autorizó a la finlandesa Botnia usar el doble de agua previsto en el proyecto original.
Las relaciones con el Uruguay se tensaron ayer más aún, cuando la Argentina formalizó la queja por una autorización a la finlandesa Botnia a que aumente el caudal del agua que se empleará en la papelera de Fray Bentos.
La Argentina denunció ayer al gobierno del Uruguay de haber violado por cuarta vez el tratado del río Uruguay, al autorizar sin consultar con Buenos Aires una ampliación al proyecto de la empresa finlandesa Botnia. Esas obras afectarían aún más el impacto ambiental de la pastera contaminante de Fray Bentos.
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La protesta se realizó luego que por la tarde Néstor Kirchner hubiera recibido la confirmación de la ampliación de las obras de Botnia, y a través de una carta firmada por el canciller argentino Jorge Taiana y enviada ayer por la tarde a su par uruguayo, Reinaldo Gargano.
Allí el gobierno denuncia y «lamenta una nueva acción inconsulta del Uruguay», al otorgarle unilateralmente a la empresa Botnia un permiso de extracción de un volumen significativo de agua del río Uruguay, recurso compartido entre ambos países, según consta en la resolución del 12 de setiembre pasado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la República Oriental del Uruguay, de la que la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tomó conocimiento recién en el último plenario de la Comisión a mediados de octubre pasado.
El gobierno argentino advirtió, por medio de la nota diplomática de protesta, que promoverá a través de su delegación ante la CARU las medidas conducentes a asegurar el respeto por el Uruguay del Estatuto de 1975. La Argentina podría volver a recurrir al tribunal de La Haya para denunciar nuevamente a Uruguay por la violación del tratado.
«Mi gobierno lamenta esta nueva acción unilateral del Uruguay, consumada sin que la CARU haya tenido siquiera la oportunidad de pronunciarse previamente, a los efectos de la puesta en práctica del mecanismo de información y consulta previsto en los artículos 7 a 12 del Estatuto del río Uruguay de 1975, sobre una actividad que, por su magnitud, ya puede implicar per se una obra de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río y la calidad de sus aguas», dice el segundo párrafo de la nota firmada por Taiana y que le entregó ayer a la tarde el vicecanciller argentino Roberto García Moritán al embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, citado para tal fin en la sede de la Cancillería.
«La Argentina constata con especial preocupación que, conforme surge de los antecedentes de la citada resolución, el permiso concedido concierne la ejecución de un proyecto de planta industrial de celulosaautorizado también unilateralmente por el Uruguay el 14 de febrero de 2005, en flagrante violación del citado mecanismo de información y consultas previas del Estatuto.
Esta autorización unilateral constituye un elemento de la controversia suscitada entre ambos países, que se dirime ante los estrados de la Corte Internacional de Justicia», prosigue la misiva.
Incompatibilidad
«En este orden, me permito recordar que, en su resolución del 13 de julio de 2006, la citada Corte Internacional consideró que 'la construcción de las plantas sobre el sitio actual no puede ser reputada como que constituye un 'hecho consumado'' (párrafo 78) e instó a ambos países a 'abstenerse de cualquier acción que pueda hacer más difícil la resolución de la presente controversia'.»
La Argentina observa que, al conceder el referido permiso,el Uruguay actúa de manera incompatible con los citados requerimientos de la Corte Internacional. «Ello, particularmente en la medida en que, ignorando el debido proceso jurisdiccional, trata de forzar la ejecución de un proyecto que mi país considera contrario a una protección ambiental adecuada del río Uruguay y sus zonas de influencia, y provoca un agravamiento de una situación de por sí tensa entre ambos países», asegura Taiana.
La nota diplomática de la Argentina termina asegurando: «En atención a lo expuesto precedentemente, el gobierno argentino promoverá a través de su Delegación ante la CARU las medidas conducentes a asegurar el respeto por el Uruguay del Estatuto de 1975. Sin perjuicio de ello, la Argentina se reserva el derecho de adoptar las acciones legales que estime correspondan ante los foros internacionales competentes, o de complementar las ya iniciadas».
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